Los imputados, según ABC, son Manuel Ramón Martín Peña, Pedro Manuel Peña Martín, Francisco Javier Marazuela Huelga, Juan Ángel Muñóz García, Jesús Rey Martínez y Juan Añover León.  El juez Tejedor cree que el amplio margen de actuación con que actuan "sugiere la posibilidad de que estas personas utilicen las sociedades como instrumentos para adquirir, convertir, transmitir o encubrir bienes de origen ilícito o para ayudar a los infractrores a eludir las consecuencas jurídicas de blanqueo de capitales".

Tras varios meses con el proceso paralizado, el juez ha decidido reactivar un caso que se remonta a 2006 y que fue abierto a raíz de que se desvelara que Joaquín Tejeiro, ex alcalde del PSOE, podía haber pactado una comisión de 40 millones de euros. La inmobiliara Esprode habría ofrecido esa cantidad al socialista a cambio de la recalificación de unos terrenos afectados por el Plan General, a punto de ser aprobado por el Ayuntamiento. El encargado de dirigir ese proyecto era el también socialista Pedro Antonio Torrejón.

Según el sumario, ambos dirigentes intentaron abrir una cuenta bancaria en Andorra con la intención de ingresar ahí el dinero procedente de este negocio inmobiliario. La prueba sería un fax enviado desde el domicilio de Torrejón a Andobanc, la entidad andorrana, para intentar justificar la procedencia de dichos ingresos. La inmobiliaria negó entonces toda relación con los ex alcaldes y aseguró que no había firmado ningún contrato.

Tras la presentación de una denuncia por el sindicato Manos Limpias, se abrió una investigación y se les imputaron los cargos de cohecho y blanqueo de capitales. Ambos fueron encarcelados, aunque salieron en libertad un mes y medio después al abonar una fianza de 900.000 euros. En la actualidad, Torrejón es edil del Ayuntamiento de Ciempozuelos.