Tras años de protestas, este martes 7 de abril las trabajadoras de las escuelas infantiles madrileñas arrancan un ciclo de movilizaciones encaminado a mejorar las condiciones laborales de un gremio con amplia mayoría de mujeres, hasta el 97 por ciento. Entre las reivindicaciones concretas, un marco normativo a escala nacional, más inversión, mejoras salariales y bajadas de ratios que permitan mejorar la calidad del servicio.
Por un lado, a través de su división de Servicios Públicos, el sindicato UGT ha convocado una jornada de huelga contra la intención de las autoridades competentes de prorrogar los contratos vigentes en las escuelas de titularidad pública, aunque bajo el paraguas de la gestión indirecta. Es decir, en todos aquellos centros regidos por una empresa externa.
"El Ayuntamiento de Madrid y otras Administraciones tienen intención de prorrogar los contratos vigentes, amparándose en que la prórroga es una facultad legal de la Administración y argumentando razones de carácter económico, organizativo y pedagógico. Desde nuestra organización manifestamos nuestra disconformidad con los argumentos que ellos exponen. Aunque la prórroga es legal, consideramos que no es la mejor opción", lamentan en UGT.
Por otro, bajo el lema 'Que empiece la revolución del 0-3', CGT y la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI) llaman a prolongar los paros durante un periodo de tiempo indefinido en todos los centros de la región que imparten el primer ciclo de esta etapa educativa.
Además de la huelga y los "piquetes informativos" previstos en diversas escuelas, PLEI contempla también la convocatoria de diferentes movilizaciones: cada martes a las 12:00 horas, una concentración frente al Ministerio de Educación, extensible al día siguiente a la misma hora frente a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad, además de diferentes "performances" para "dar visibilidad de nuestra precariedad diaria" cada jueves a las 18:00 horas en la céntrica Plaza de Callao.
Principales reivindicaciones
Pese a la convocatoria en paralelo, muchas de las reivindicaciones son comunes en ambos casos y pasan, en síntesis, por la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras. En la práctica, la creación de un marco normativo estatal que unifique criterios y "no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma" en materias tales como los salarios, las ratios, el calendario escolar o la inversión pública.
En concreto, los sindicatos y plataformas convocantes exigen "garantizar unos salarios dignos con un complemento salarial que equipare al segundo ciclo de infantil", incluyendo el reconocimiento de la categoría profesional de "personal docente" en lugar de "personal laboral administrativo", la reducción del número máximo de infantes por educadora a "tres bebés, cinco criaturas de 1-2 años y seis de 2-3 años" o el reconocimiento de cinco horas no lectivas semanales.
También el establecimiento de un calendario escolar que priorice las "necesidades reales de los pequeños" en lugar de la "conciliación laboral" de las familias, equipos de Atención Temprana "estables" y "presenciales", "más apoyos para la atención a la diversidad" mediante el establecimiento de una "pareja educativa" en cada aula y "una mayor inversión" pública que posibilite, entre otros aspectos, el "adecuado mantenimiento de las infraestructuras educativas" en condiciones de "seguridad".
Asimimo, se solicita a las administraciones responsables no prorrogar los contratos vigentes en las escuelas infantiles de gestión indirecta a fin de avanzar hacia la "remunicipalización" de un servicio que aspira a ser "universal y gratuito" en el futuro.
La Comunidad habla de "conflicto laboral" y la oposición reacciona
Cuestionada a este respecto, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Mercedes Zarzalejo, se ha referido al asunto como un mero "conflicto laboral" entre trabajadores y empresas contratantes y, por ende, reduce su rango de acción a "garantizar servicios mínimos" a la espera de una negociación "fructífera" que desemboque en una mejora de los diferentes convenios colectivos.
Por su parte, las fuerzas de la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, Vox, Partido Socialista y Más Madrid, también han querido pronunciarse sobre la cuestión durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada este mismo lunes.
Desde Vox, Isabel Pérez Moñino ha reivindicado el principio de "prioridad nacional" y la dotación de más recursos a la Educación Infantil para que "todos los niños puedan ser matriculados en una escuela infantil independientemente del código postal en el que vivan". Algo que permitiría asimismo "cuidar a los profesionales que cuidan a nuestros hijos" y "garantizar la conciliación".
Más críticos aún, el PSOE-M y Más Madrid consideran el estado actual de la Educación Infantil como un reflejo del desmantelamiento de los servicios públicos de la región en favor de la iniciativa privada. Una estrategia, aseguran, que lleva grabado el sello de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
"Las escuelas infantiles son una muestra más de la nefasta gestión de la señora Ayuso. Todo forma parte de un plan. Lo estamos viendo con la Sanidad, con las universidades... Trata de denostar nuestros servicios públicos para poder hacer negocio con los privados. No hay control ni gestión. Solo negocio. Y lo vamos a seguir viendo, por desgracia, hasta que los madrileños la echen en 2027", ha aseverado contundente Mar Espinar.
"Desde Más Madrid le damos todo nuestro apoyo a las trabajadoras de las escuelas infantiles que realizan un trabajo esencial mientras la Comunidad se ha aprovechado de una profesión que es vocacional para recortar sus derechos laborales y maltratarlas con sueldos absolutamente ridículos. Al igual que ocurre con las residencias de mayores, las primeras que han salido perdiendo con la privatización del servicio son las trabajadoras", ha rematado, en la misma línea, Manuela Bergerot.
Servicios mínimos
En el caso de la convocatoria de UGT, el acuerdo de servicios mínimos alcanzado con el Gobierno regional establece que cada centro debe abrir este martes con presencia de su director y, al menos, un maestro o educador infantil por cada 12 alumnos menores de un año, por cada 18 menores de dos años y por cada 24 escolares de mayor edad. En paralelo, los centros que cuenten con servicio de comedor y limpieza deberán garantizar tales prestaciones mientras se mantengan los paros.
Por el contrario, en cuanto al paro indefinido convocado por CGT y la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles no se ha alcanzado aún ningún acuerdo sobre esos mínimos, tal y como aparece recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
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