La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares, plaza número 2, ha acordado prorrogar durante seis meses la investigación abierta contra la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet, por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación con la supuesta filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes en enero de 2024.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación. En él, el juzgado rechaza el recurso presentado por la alcaldesa contra la resolución emitida el pasado 16 de febrero, que ya acordaba prorrogar la investigación.
El juzgado resta importancia a que la prórroga fuera solicitada por las acusaciones, al recordar que la ley permite acordarla tanto de oficio como a petición de las partes. Además, la magistrada considera que la decisión está suficientemente justificada, ya que explica por qué la investigación no pudo concluir en el plazo previsto.
El auto también señala que las “continuas peticiones de suspensión y aplazamientos de diligencias” solicitadas por las defensas ha dificultado el avance de la causa dentro del plazo de doce meses. En este sentido, descarta, por el momento el sobreseimiento del procedimiento, al entender que existen indicios derivados de las diligencias practicadas que justifican su continuidad.
La causa se remonta a la polémica surgida a comienzos de 2024, cuando la alcaldesa Judith Piquet, aseguró en varias intervenciones públicas que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor identificado, en las que describía al presunto responsable como “un varón negro y joven”.
Posteriormente, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, difundió en la red social X la imagen de un informe policial relativo a uno de esos casos, lo que dio origen a la investigación sobre una posible filtración de documentación confidencial.
Serrano niega que el documento saliera del Ayuntamiento
Precisamente, durante la jornada de ayer, , Alfonso Serrano negó en su declaración como testigo ante el juez que el documento policial difundido en enero de 2024 procediera del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y aseguró que, por el contrario, lo recibió por correo electrónico desde una dirección desconocida, junto a un enlace a una noticia.
Según su versión, nadie del Consistorio de puso en contacto con él sobre este asunto y lo publicó a título personal en su cuenta de X.

En la misma línea, el abogado de la alcaldesa, Javier Vasallo, ha señalado a Europa Press que no existe prueba alguna que vincula a su defendida con la filtración, apuntando al exjefe de la Policía Local como posible origen de los hechos.
No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid recoge en una resolución, también adelantada al mismo medio, que la alcaldesa habría remitido la imagen del informe policial, directamente o a través del director de Comunicación del Ayuntamiento a Serrano.
En la resolución, la Audiencia Provincial de Madrid pone el foco en que el delito se habría consumado en el momento en el que se produjo la transmisión del documento, siendo su posterior publicación en redes sociales una fase posterior de los hechos.
Reacciones políticas
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el PSOE de Alcalá de Henares ha calificado de “tomadura de pelo” la declaración como testigo de Alfonso Serrano, y ja tachado su versión de “burla” e “historieta poco verosímil”, después de que asegurara que el documento le llegó por correo electrónico anónimo y que lo difundió sin saber que era un informe policial.
Asimismo, han señalado que la versión más “creíble” es que la alcaldesa, Judith Piquet, remitiera el documento, que posteriormente fue publicado para, juicio de la formación, “lanzar un bulo xenófobo”.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha vinculado el caso y la estrategia del PP de Alcalá con la estrategia política de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por haber difundido un “bulo racista” a las órdenes de “su jefa”.