Tras un intenso debate en la Asamblea, PP y Vox han rechazado la proposición de ley presentada por Más Madrid que busca localizar y exhumar fosas de la Guerra Civil para ofrecer reparación a las víctimas y sus familias.
La localización, identificación y recuperación de las personas desaparecidas en la Comunidad de Madrid durante la Guerra Civil y la dictadura era el objetivo de la proposición de ley de Más Madrid en cuyo articulado figuraba que se llevara a cabo un censo de personas desaparecidas por parte del Gobierno autonómico, así como la creación y mantenimiento de un "mapa integral de fosas comunes". Además, se sugería que familiares, asociaciones dedicadas a la memoria democrática y entidades con interés legítimo tuvieran la posibilidad de solicitar su intervención en las fosas.
Según la propuesta, los restos exhumados debían ser custodiados por el Ejecutivo regional hasta que se completara su identificación y se realizaría la entrega a las familias. Asimismo instaba a la creación de un Banco de Datos de ADN en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas para facilitar una mejor identificación.
El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha realizado varias advertencias durante un debate que se ha caracterizado por su intensidad, pidiendo que no se interrumpieran los discursos de los ponentes con gritos.
La diputada de Más Madrid, Alicia Torija, ha tomado la palabra para respaldar la propuesta, comenzando su intervención con una paráfrasis del Papa Francisco en la que sostiene que "una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos".
Durante el debate, se han presentado imágenes de objetos y restos de cuerpos encontrados durante los trabajos de exhumación, subrayando que representan el "dolor de un tiempo que nunca se cierra". Según Torija, basándose en investigaciones de Arqueo Antro, al menos 322 fosas continúan en la región, donde estarían sepultadas aproximadamente 15.000 personas. "No se equivoquen, la recuperación, la memoria solo produce un resultado, sanar heridas y además construye una cultura de defensa de los derechos humanos", ha zanjado.
Una ley innecesaria, para el PP
El parlamentario del PP, Pedro Corral, ha expresado su disposición a analizar diversas iniciativas que puedan atender el interés de los familiares, aunque opina que no es imprescindible contar con una ley de este tipo en la Comunidad.
Asimismo, la "propaganda" del Gobierno ha sido objeto de críticas por no reconocer el "desfase" en sus datos, que contradicen la afirmación de que "España sea el segundo país del mundo en fosas comunes después de Camboya o de Birmania", según mencionó Pedro Sánchez.
"En 2024 pregunté al Gobierno cuántas familias habían recibido los restos. No lo sabemos. Cuesta mucho recopilar datos. ¿Cómo puede el Gobierno de Sánchez, con 22 millones de euros dedicados a este plan, ignorar cuántos restos exhumados han sido entregados a las familias? ¿Pero qué mensaje más desalentador para quienes mantienen la esperanza de recuperar a sus familiares? ¿O es que el Gobierno de Sánchez solo le interesan las víctimas para su propaganda, como nos tienen ya terriblemente acostumbrados?", ha planteado el 'popular'.
La diputada de Vox, Ana Velasco, ha expresado su crítica hacia la izquierda, a la que considera "experta en retorcer el lenguaje". Además, ha solicitado que se recuerde "la persecución a la Iglesia, los casi 10.000 mártires de la Iglesia o la labor de represión que llevaron a cabo las 345 checas de Madrid".
"También pueden respetar a todos aquellos que murieron en aquella cruenta guerra y trabajar no para reavivar odios, sino por la concordia y la convivencia entre los españoles", ha reclamado Velasco, quien considera que Más Madrid no quiere "dar digna sepultura" a los desaparecidos sino que utiliza "las fosas como trincheras y como excusa para sus fines ideológicos y revanchistas".
Tatiana Jiménez, representante del PSOE, ha destacado la importancia de fortalecer las políticas de memoria democrática, señalando que son esenciales para "neutralizar el olvido y evitar la repetición" de los episodios más trágicos. En este contexto, ha contextualizado la Ley de Memoria Democrática del Estado.
Jiménez ha criticado que el Gobierno de Rajoy abandonara una tarea al eliminar la partida presupuestaria, lo que se tradujo en falta de apoyo institucional para las actividades del movimiento memorialista y de la sociedad civil. Además, ha enfatizado que la memoria "no es un arma política, sino un derecho de la ciudadanía".
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