Los comentarios insensatos hacia la llamada presunción de inocencia vertidos a gritos y con impostado dramatismo por la ministra de Hacienda demuestran que el zurdismo extremo está asentado en el corazón del PSOE y del actual Consejo de Ministros. Desde esta tribuna le imploro a la señora Montero que no se calle. Debe seguir vociferando para recordar a los españoles que en el PSOE han asumido, hasta el tuétano y para siempre, la mirada estrábica de sus socios de gobierno.
Todo se traduce en una perturbadora desconfianza hacia las instituciones tradicionales, que son consideradas herramientas de sometimiento al servicio de las clases dominantes. De ahí que la sospecha hacia el statu quo concluya en una postura que privilegia la denuncia y la lucha sobre los procedimientos garantistas.
Casi nunca Marx, Nietzsche y Freud, los llamados por Martin Buber “filósofos de la sospecha”, asoman en las atrabiliarias intervenciones de la izquierda radical. Estos desarrollaron una actitud crítica frente a la cultura, la moral, la economía y la psique humana, argumentando que lo que consideramos verdad suele estar mediada por estructuras de poder, intereses ocultos o pulsiones inconscientes. Tales intelectuales fueron, seguro sin que ella lo sospeche, el alimento podrido que en algún momento se tragó la señora ‘Mopongo’, la llama que prendió su torpe deseo de desmontar lo aparente y envestir contra un pilar del Estado de derecho.
Sin embargo, como se manifestó con el voto de las dos jueces progresistas que revisaron las sentencias de Dani Alves, en una democracia liberal para ser declarada víctima de una violación hace falta la aparición previa de una sentencia. No basta sólo con sospechas. Durante el juicio, la existencia del consentimiento o la falta de este tiene que acompañarse de indicios sólidos y pruebas concluyentes.
La presunción de inocencia es un principio troncal del Estado derecho y sospechar de esta supone hacerlo del fundamento mismo de la democracia. La palabra de todas las personas vale lo mismo frente a la Ley. Cualquiera ha de ser juzgado por sus acciones libres y los méritos realizados. Por eso, tal principio protege contra juicios precipitados y linchamientos mediáticos o políticos, como les ha sucedido a tantos ciudadanos desde que entró en vigor la nefasta ley del “sólo sí es sí”.
En los discursos desquiciados, como los que lanzan las dos Montero, María Jesús e Irene, se siente que estas garantías son vistas como un obstáculo para la Justicia entendida como reparación histórica o lucha contra la opresión. Sin embargo, la tensión entre la sospecha y la presunción de inocencia revela un dilema profundo: si bien la primera es importante para cuestionar algunas cosas y destapar injusticias, cuando se convierte en un prejuicio sistemático ocasiona la carcoma que precipita el desmoronamiento legal de toda la democracia.
La Justicia no puede basarse solo en la intuición ideológica o en la lucha política, debe descansar en procedimientos que aseguren la equidad. De lo contrario, se corre el riesgo de sustituir una forma de opresión por otra, perdiendo de vista el objetivo final: una sociedad más justa y libre.
En los movimientos sociales o corrientes políticas donde la sospecha es el motor del análisis, crece la tentación de revertir el onus probandi, la carga de la prueba y asumir la culpabilidad del acusado en función de su pertenencia a un grupo de poder o a suposiciones estructurales. Parece que Sánchez y su entorno caminan ya por esa peligrosa senda.
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