El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, trasladado en esta ocasión a Morata de Tajuña, ha servido al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para dar luz verde definitiva su nuevo proyecto de Ley de Caza y Pesca. El texto será ahora remitido a la Asamblea de Vallecas para su aprobación definitiva, un mero trámite, en realidad, dada la mayoría absoluta que el Partido Popular ostenta en la actualidad en la Cámara.
Entre las medidas que contempla el proyecto figura la creación de Planes de Control Poblacional que serán remitidos a los ayuntamientos y otras entidades locales a fin de supervisar adecuadamente la evolución de especies "sobreabundantes", tales como el jabalí o el conejo. El objetivo no es otro que prevenir posibles problemáticas asociadas, tales como daños sobre las cosechas y accidentes de tráfico o transmisión de enfermedades a las ganaderías.
En paralelo, también se actualiza el régimen sancionador, con multas que podrían alcanzar los 80.000 euros. En concreto, las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros, las graves entre 1.000 y 10.000 y las muy graves entre 10.000 y 80.000 euros.
El documento presentado este miércoles recoge por primera vez el establecimiento de un tamaño mínimo de 250 hectáreas para los cotos de caza. La única excepción, la caza menor, donde se fija el límite en 50 hectáreas siempre y cuando exista "justificación técnica". Todos ellos, en cualquier caso, deben permanecer a una distancia mínima de entre 100 y 150 metros de los núcleos de población.
En relación con la pesca, la futura ley simplifica la regulación de las aguas, que quedarían así reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, se pone especial atención en especies emblemáticas como la trucha, la carpa o el lucio.
El foco se sitúa asimismo sobre la digitalización del sector, de la mano de la implantación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, lo que, aseguran en la Comunidad, permitirá "simplificar trámites", "mejorar el seguimiento de la actividad" y "obtener la licencia supraautonómica que permite que los cazadores madrileños puedan ejercer esta actividad en otras regiones", entre otras cuestiones.
Madrid cuenta en la actualidad con 576.000 hectáreas consideradas "terreno cinegético" y 50.000 licencias de caza. A ello se suman 24 tramos de pesca regulados, en torno a 130 kilómetros, y 46.000 licencias.
Críticas ecologistas
Pese al énfasis de la Comunidad, que apunta a un "amplio proceso de participación" por parte de los distintos actores involucrados, la crítica ecologista no tardaría en manifestarse. Así, la Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza han anunciado ya su intención de movilizarse frente a una ley apoyada en "falsas premisas", redactada "al dictado" de cazadores y pescadores y que supone un "grave retroceso en materia medioambiental y ética".
Entre los puntos débiles, al menos desde la perspectiva ecologista, el incremento en el número de especies incluidas en el listado cinegético, de 24 a 31, la recuperación de modalidades previamente prohibidas por su "crueldad", fundamentalmente el empleo de animales vivos como cebo, la ampliación del calendario de caza o las nuevas restricciones de acceso a caminos públicos y márgenes de ríos durante tales jornadas.
Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal
Ley de Caza y Pesca al margen, la presidenta ha anunciado la creación de un Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal y Zoonosis. Se trata, ha asegurado, de un nuevo órgano
colegiado destinado a "reforzar la coordinación y respuesta ante enfermedades de origen animal que puedan poner en riesgo la salud pública y la cabaña ganadera".
La iniciativa, justifican desde el Gobierno autonómico, viene a responder al actual contexto epidemiológico, caracterizado por la reaparición de afecciones previamente erradicadas en España, como la peste porcina africana, así como por la aparición de otras emergentes, como la dermatosis nodular contagiosa en bovinos.
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