El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles su propuesta de calendario para la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad, popularmente conocidas por las siglas PAU, este año.
A la espera del visto bueno definitivo una vez concluya el perceptivo periodo de Consulta Pública, la prueba ordinaria tendrá lugar entre el 1 y el 4 de junio, reservando asimismo el 5 para "posibles incidencias" o "coincidencia entre pruebas". La extraordinaria, por su parte, se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio, reservando del mismo modo el día 3.
Las matrículas para la prueba ordinaria podrán comenzar a formalizarse el 13 de mayo, concluyendo el plazo el día 19. El periodo de matriculación para la extraordinaria, por su lado, ha sido fijado más de un mes después, entre el 18 y el 24 de junio.
Más allá de fijar las fechas, el proyecto normativo para la nueva PAU aspira a "adaptar a la realidad del sistema universitario madrileño los cambios introducidos por el Gobierno central en la normativa estatal que regula la prueba".
En concreto, la fase ordinaria incluirá los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de Filosofía, Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria de la modalidad cursada en Segundo de Bachillerato.
A ello puede sumarse, a elección del propio alumno a fin de mejorar su nota de acceso a la universidad, la fase voluntaria, incluyendo hasta tres asignaturas adicionales e incluso una segunda lengua extranjera.
Así, ambos ejercicios podrán estructurarse en apartados que incluyan una o varias cuestiones, variando entre respuestas cerradas, semiconstruidas o de desarrollo. En cualquier caso, la puntuación correspondiente a las preguntas abiertas y semiconstruidas represente, como mínimo, el 70 por ciento del total de cada prueba.
Además, el decreto regula otros aspectos formales. Entre ellos, la estructura organizativa de la PAU, atribuyendo funciones y competencias a las Comisiones Coordinadora y Organizadora, así como la composición y funcionamiento de las comisiones de materia y tribunales calificadores.
También se establece el procedimiento de revisión de las calificaciones y se contemplan las adaptaciones oportunas a realizar para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de "garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal".
La elaboración del texto, ha asegurado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, ha contado con la colaboración de las seis universidades públicas de la región, el Consejo Escolar y el Consejo Universitario de la Comunidad.
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