Hito histórico: primera imputación a un fondo buitre por acoso inmobiliario a los vecinos de Tribulete 7

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha dado un paso histórico al admitir a trámite la primera querella colectiva en España contra un fondo de inversión por un supuesto delito de acoso inmobiliario. La denuncia, presentada por los vecinos del edificio situado en Tribulete 7, en el barrio de Lavapiés, señala como imputado al fondo Elix Rental Housing y a varios de sus altos cargos.

Tras más de un año de lucha, los inquilinos lograron que la Justicia reconozca indicios suficientes para investigar las prácticas del fondo. Según Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, “hay indicios más que suficientes para entender que hay acoso, hostigamiento, daño sobre sus propios bienes y una afectación en su salud física y mental. El delito inmobiliario se encuentra subsumido dentro de los delitos contra la integridad moral”.

Desde la compra del edificio en marzo de 2024, los vecinos han sufrido obras invasivas, cortes de suministros y desperfectos que dificultan la vida cotidiana. Algunos se han visto obligados a abandonar sus viviendas, mientras otros han organizado acciones de protesta creativas, como conciertos desde los balcones, sacar muebles a la calle o un funeral simbólico “por la muerte de los barrios”.

El próximo 19 de febrero están citados a declarar como investigados los socios fundadores del fondo, directivos, trabajadores, el arquitecto y el jefe de obra del inmueble. “Se trata de posibles responsables porque este acoso se ha ejecutado mediante obras insoportables que impiden a los vecinos hacer uso legítimo de su vivienda”, puntualiza Jacinto.

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha calificado la imputación como "una gran victoria del Movimiento de Vivienda de Madrid" y ha subrayado que "esto es un primer paso para acabar con las prácticas mafiosas de expulsión vecinal. Las vecinas y vecinos no se van a rendir, y Madrid tampoco". Lois ha recordado que en el pasado pleno municipal propuso medidas para proteger a los residentes frente a reformas agresivas y acoso inmobiliario, incluyendo la creación de una Oficina Municipal de Defensa del Residente, pero que el equipo del alcalde Martínez-Almeida votó en contra.