De nuevo, principio de acción-reacción. Como viene siendo norma, ante cualquier movimiento del Gobierno central le sigue otro, a la contra, por parte del Ejecutivo regional. Y viceversa, por supuesto. Para bien o para mal, así funciona la realidad política actual. Vasos comunicantes y siempre -o casi- a la gresca.
Si este lunes los de Pedro Sánchez oficializaban, vía publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la declaración de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol como 'Lugar de Memoria Democrática' por su pasado como Dirección General de Seguridad (DGS) franquista, horas más tarde llegaba la réplica de la Administración madrileña. El método elegido para tal oposición, y ya no es sorpresa, los tribunales de justicia. En concreto, mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional al considerar que el expediente a tal fin caducó el pasado jueves tras un año desde que fuese incoado y, por ende, su publicación no sería válida.
"Hoy se ha publicado en el BOE una resolución sectaria y contraria a la historia y a la verdad (...). El expediente ha caducado porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de esta decisión, dando por bueno que el acto de publicación es el de notificación de la resolución. Lleva caducado desde el pasado 16 de octubre. Ni esto son capaces de hacer bien en el Gobierno de Pedro Sánchez", ha explicado tajante el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno semanal, precisamente, desde la propia Real Casa de Correos.
En concreto, trasladan fuentes próximas al también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, el futuro recurso se apoyará en el artículo 50.5 de la misma Ley de Memoria, donde se explicita que "el expediente se resolverá y notificará en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha de su incoación".
A ello se suma, tal y como ya había manifestado el portavoz en múltiples ocasiones anteriores, argumentos de calado político e histórico. En el primer apartado, el supuesto empleo de este anuncio como "cortina de humo" para "no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente".
En el segundo, el último informe de la Real Academia de la Historia, según el cual "el edificio, con más de 250 años de historia, tiene una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración, sin perjuicio de que quieran declarar lugar de memoria la Dirección General de Seguridad como institución, ya que tuvo muchas sedes tanto en la República como durante el franquismo". Por ende, "tratar de vincularlo con una pequeña parte de su dilatada historia sólo puede responder a un intento sectario de manosear a esta institución".
Además, ha recordado García Martín, "la Real Casa de Correos es un edificio completamente resignificado y es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y casa común de todos". Por ello, "defenderemos los intereses de la institución y de los madrileños con uñas y dientes, hasta el último aliento"
La batalla judicial abierta este miércoles se suma, en paralelo, al recurso presentado meses atrás ante el Tribunal Constitucional al considerar que catalogar la Real Casa de Correos como 'Lugar de Memoria' invade competencias que son propias de las comunidades autónomas.
Por si fuera poco, ha confirmado también el segundo de a bordo de Isabel Díaz Ayuso, los servicios jurídicos regionales se encuentran estudiando la presentación de medidas cautelares a fin de paralizar la declaración hasta que los tribunales se pronuncien.
Por voz del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde La Moncloa defienden que la incoación del expediente fue publicada, en origen, el 24 de octubre de 2024 y, en consecuencia, el plazo no finalizará hasta el próximo viernes.
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