El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes 26 de mayo a las 12:30 horas a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid -Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo- durante la pandemia de Covid-19, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Europa Press.
Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19. Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Se reabre así a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, según ha informado la Asociación 7.291 Verdad y Justicia en un comunicado.
Denuncia ante la Fiscalía en octubre de 2024
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Durante los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola de Covid-19 han acudido a declarar ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido.
Ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos del Gobierno regional sean llamados a declarar por primera vez como investigados, ya que, hasta ahora, "las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos".
"Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que la cuenten y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes", han expresado las dos entidades en un comunicado conjunto.
El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva efectuada en octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes, y las del Área de Móstoles (28), de Getafe-Leganés (15) y de Alcalá de Henares (13).
De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados correspondientes, según han informado las asociaciones.
En cuanto a los 48 procedimientos con querella previa, la Fiscalía Provincial solicitó en todos los casos que declarasen como investigados los "autores intelectuales y los firmantes del protocolo, ya identificados en la denuncia", en referencia a Mur, firmante de dicho protocolo de no derivación, y a Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al de Mur, según han detallado ambas entidades.
El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Una decena de juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de juzgados todavía tiene que pronunciarse.
Además de los procedimientos que tienen su origen en la denuncia colectiva, otros familiares de residentes acordaron presentar directamente querellas en los juzgados, también por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.
Las asociaciones mencionadas han realizado varios actos de homenaje y de protesta durante los últimos meses, cuando se cumplen cinco años de la primera ola de la pandemia de Covid-19, para mantener sus reivindicaciones. Además, también se estrenó el documental 7.291, en el que se narra lo ocurrido en marzo y abril de 2020.
Reacciones políticas
Preguntada por esta decisión judicial, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido que "es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo".
Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha recordado que "ya han sido más de 60 los procedimientos archivados en los juzgados" con la gestión en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia y que "la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y otras nueve sociedades médicas".
En esa línea se ha manifestado la vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. "He visto las decenas de denuncias que se han interpuesto en ese sentido y todas han acabado de la misma manera, por lo tanto, entiendo que en este caso también va a ser así", ha zanjado.
Desde la izquierda, el secretario general de los socialistas madrileño, Óscar López, ha destacado que la justicia abre una oportunidad para "investigar lo que fueron los protocolos de la vergüenza. La Comunidad de Madrid y Ayuso tendrán que dar explicaciones".
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado también que “la justicia haga su curso” y ha trasladado su “apoyo y solidaridad” a las familias de las víctimas.
Su compañero de formación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que "las 7.291 víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid y sus familiares merecen la verdad, la reparación, que se haga justicia y que se asuman responsabilidades por lo que sucedió" durante la pandemia.
Bustinduy ha valorado como positivo "cualquier paso que se dé" para reparar a las víctimas y sus allegados y que contribuya a hacer justicia, subrayando que "tenemos una deuda con la memoria de las personas que fallecieron en aquellas condiciones en las residencias" madrileñas.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido respetar el trabajo de la Justicia ante la investigación de lo que ha calificado como una “tragedia” en la Comunidad de Madrid. Además, ha subrayado que "hay que respetar los tiempos de la Justicia", así como "el trabajo de los jueces".
Por su parte, Más Madrid ha solicitado la comparecencia de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid. Ahora será la Mesa de la Asamblea quien decida si admite o no la solicitud.
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