El Supremo cita a declarar a González Amador el 23 de mayo en el caso del fiscal general del Estado

El próximo 23 de mayo, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá que declarar tras ser convocado por el Tribunal Supremo (TS) en relación con la causa abierta por una supuesta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que afecta al empresario.

Siguiendo las instrucciones de la Sala de Apelación, el instructor del caso, Ángel Hurtado, ha decidido respaldar al fiscal general tras negarse a permitir que González Amador declarara argumentando que la posición de González Amador ya estaba incluida en la querella y se evidenciaba a través de las acciones de su abogado en el caso. Según el instructor, la petición del fiscal general representaba "una dilación para la declaración de los investigados" y también consideraba que podría ser perjudicial para el acusado.

Sin embargo, la Sala de Apelación manifestó que no encontraba razones para rechazar la solicitud de declaración testifical del querellante, especialmente cuando es la defensa del propio investigado quien la solicita. Además, subrayó que la comparecencia de González Amador "sin duda" podría ser beneficiosa para el caso ya que el afectado por la supuesta divulgación será quien proporcione los detalles de su actuación y tanto el querellante como el querellado están a disposición de la instrucción.

El próximo 16 de mayo, Hurtado ha convocado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes realizaron el informe relacionado con el contenido del teléfono móvil que fue confiscado a la otra imputada en el caso, Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.

El informe fundamental del caso revela que, según los mensajes y llamadas intercambiados por Rodríguez entre el 8 y el 14 de marzo de 2023, la UCO llegó a la conclusión de que el fiscal general había tenido una "participación preeminente" en la supuesta filtración en contra de González Amador. Esta filtración se refería tanto a la existencia de una investigación sobre el empresario por presuntos delitos fiscales como al correo electrónico en el que se ofrecía reconocerlos para llegar a un acuerdo.