Los hogares de Madrid recibirán los primeros recibos de la tasa de basura a partir de septiembre

Desde este jueves, entra en vigor en toda España la nueva tasa de residuos, conforme a la Ley 7/2022, que será obligatoria para los municipios con más de 5.000 habitantes, como es el caso de Madrid. Así lo ha explicado Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, quien ha señalado que los madrileños comenzarán a recibir los recibos de esta nueva tarifa a partir de septiembre.

El Consistorio agota así el plazo máximo legal, que culmina este jueves, para establecer este nuevo tributo. “Hemos intentado por todos los medios que esta tasa no fuera obligatoria, lo que hemos hecho es agotar el plazo máximo para poder ponerla en activo en la ciudad”, aseguraba el delegado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde también se anunció la nueva Estrategia de Residuos 2030.

Aunque el plazo para su inicio ha finalizado, cada municipio tiene una fecha específica para iniciar el cobro de la nueva tasa. En Madrid, este tributo se pagará en una sola cuota este 2025 y no será hasta dentro de un año cuando los recibos se puedan domiciliar. La tasa media está en torno a los 140 euros por vivienda y 310 en casos de comercios, aunque el importe varía dependiendo del valor catastral del inmueble y la cantidad de residuos generados por el barrio y el porcentaje de reciclaje que se produce en cada uno de ellos.

Solo en el primer año de aplicación, el Ayuntamiento comunicará de forma individual a cada contribuyente, mediante una notificación, el alta en la matrícula con su correspondiente liquidación. Una misiva que, como ha anunciado Carabante, llegará a partir del mes de septiembre, y cuya tasa podrá abonarse tan solo dos meses después de la recepción de la carta. Al igual que ocurre con otros impuestos del Ayuntamiento, como el Impuesto de Bienes Inmuebles, el pago de la tasa podrá fraccionarse.

La tasa también contempla algunas reducciones o bonificaciones para familias numerosas, viviendas y locales vacíos (ya que no generan residuos) y hogares en situación de vulnerabilidad que perciban el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. Para acreditar cualquiera de estas situaciones, el Consistorio ha facilitado un plazo que finaliza el próximo 15 de abril.

Para ello, las familias deberán que son perceptores de esas subvenciones o aportar documentación sobre sus viviendas y locales vacíos. Esta solicitud puede realizarse a través del Portal del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, llamando al teléfono 010 o acudiendo a una de las oficinas de atención al contribuyente de la capital.

Una tasa que llega con polémica

La implementación de la nueva tasa de residuos en Madrid ha generado una notable controversia política. El grupo municipal de Vox ha recurrido esta tasa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), solicitando medidas cautelares para su suspensión. Vox considera que esta tasa constituye un "impuesto encubierto", argumentando que el servicio de recogida de basuras ya se financia a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, critican que el cálculo de la tasa se basa en el valor catastral de la vivienda y en la generación de residuos por barrio, lo que, según ellos, no refleja con precisión el uso real del servicio y penaliza a quienes practican un reciclaje responsable.

Por su parte, el grupo municipal Más Madrid ha impugnado la tasa calificándola de "chapucera e injusta". Critican que la tasa no diferencia entre los niveles de reciclaje de los ciudadanos ni entre la cantidad de residuos generados, lo que consideran desincentiva la reducción de residuos en origen. Además, señalan que el sistema de cálculo de la tasa presenta errores, como en barrios con alta actividad turística, donde se contabilizan residuos generados por visitantes, afectando a los residentes permanentes.

En varias ocasiones, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha manifestado su descontento por tener que aplicar esta tarifa, que califican de “imposición” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.