El Gobierno de la Comunidad de Madrid publicará próximamente una norma que, según dice en su nota de prensa de 19 de marzo de 2025, elimina el uso individual de dispositivos digitales en los centros y garantiza la adquisición de las competencias digitales. Popularmente, soplar y sorber a la vez.
¿Hasta cuándo los centros docentes tendrán que soportar los continuos bandazos de la administración educativa? El PP con la LOMCE (2013) introdujo en la LOE el artículo 115 bis que, entre otras cosas, establecía: “se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje”, mandato que se mantiene por el PSOE en la LOMLOE (2020). Por tanto, el uso de medios digitales o digitalización no son iniciativas tomadas por los centros por capricho o exigencias de un marketing diferenciador, sino la respuesta a la exigencia legal de las lumbreras que nos gobiernan, y al contexto digital en el que estamos inmersos. Este contexto exige enseñar a utilizar la tecnología y evitar sus riesgos. ¿Quién mejor que la escuela para ello?.
Y eso debió pensar también la administración educativa madrileña (y el resto de taifas españolas), que lanzó a todos los centros y profesorado de la CAM en el 2022 a un proceso de formación del profesorado en competencia digital, paralizando los planes de formación para el enfoque competencial que exigía la LOMLOE, exigiendo a todos los centros la elaboración de proyectos y estrategias de digitalización, sometiendo a los profesores a procesos de acreditación de la competencia digital (había que alcanzar el 80% de profesores con alguna acreditación), enviando a 180 asesores técnico docentes a los colegios para, con mayor o menor fortuna, asesorar (o aprender de) esos planes, y gastando millones de euros que venían de la Unión Europea (el dinero público no es de nadie) con tal fin. Por no hablar de las inversiones en infraestructura tecnológica realizadas por los centros, sin financiación pública, y del gasto realizado por las familias en dispositivos.
Pero ahora, al rebufo de cierta ola antipantallas y olisqueando votos, esa misma administración que empujó a los centros a la digitalización y “responder a los retos del siglo XXI”, se pone el disfrazad de superhéroe para salvar a los niños de la digitalización, porque los centros no saben y aquí vengo yo para iluminar a los que viven en tinieblas. Bandazo. Muchas horas, esfuerzo y desvelos a la papelera por la presunción errónea de que los niños se pasan las 25 horas lectivas semanales con un dispositivo tecnológico individual, sin tocar un libro ni un lapicero para escribir. Y eso, sencillamente, no es así. Es desconfiar de quienes han reflexionado sobre el uso adecuado de la tecnología, de los “para qué”, de la tecnología como medio y no como fin, y desconocer lo que ahora se hace en los centros.
Da igual, porque en el circo político que nos toca vivir parece contar más los aspavientos y el aparentar la resolución de problemas, reales o inventados, que la reflexión y la visión a medio y largo plazo. Para evitar que los niños estén en su casa por la noche hasta las tantas con el dispositivo móvil qué mejor medida que prohibir o limitar su uso en los colegios donde, precisamente, está controlado su uso y se les puede enseñar adecuadamente.
En el Decreto 36/2022, de 8 de junio, de currículo de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid se puede leer el siguiente párrafo: “En relación con el lenguaje digital, no debemos olvidar que los alumnos se encuentran inmersos en una sociedad en la que lo digital afecta a la forma de comunicarnos, obtener información, aprender o relacionarnos. Es, por tanto, responsabilidad del profesorado atender el desarrollo de hábitos de uso saludables de las herramientas y tecnologías digitales, desde esta etapa. Se garantizará un tratamiento seguro y educativo de los medios tecnológicos al alcance del alumnado para que, a partir de su uso, se inicie en la comprensión de los mensajes audiovisuales, realice una interpretación de las imágenes e información recibidas y tome conciencia de la necesidad de un uso moderado de los mismos”. Sujétame el cubata que les voy a decir a estos pobrecillos como se debe hacer: esto ahora lo vamos a garantizar con el uso compartido de dispositivos digitales una hora por semana. ¿Y por qué no media hora? ¿o dos?, ¿o ninguna?. ¿Qué más da?. Se quedan tan a gusto y los demás que se las apañen.
Otra cuestión que resulta incomprensible es la pretensión de imponer esta regulación, exclusivamente, a los centros sostenidos con fondos públicos. Tres apuntes al respecto: (i) si la justificación de la norma es la salud de los alumnos ¿no importa la salud de los alumnos de los centros privados? Y si es una norma vinculada al currículo ¿por qué la norma no es común para todos los centros autorizados? (ii) La administración, al parecer, considera que puede erigirse en titular de los centros privados concertados por el hecho de la financiación con fondos públicos y tomar decisiones en su lugar. Conviene recordar que el artículo 121.6 de la LOE establece que es el titular del centro privado concertado quien dispone del proyecto educativo, y que dicho proyecto incorpora la estrategia digital del centro (art.121.1 LOE). (iii) La financiación de los conciertos es para el ejercicio de la libertad de enseñanza, y no para suplantar a su titular en su derecho constitucional a la dirección de centros. Como dijo el TC en 1985, “El titular del centro no puede verse afectado por limitación alguna que, aun respetando aparentemente un suficiente contenido discrecional a sus facultades decisorias con respecto a las materias organizativas esenciales, conduzca a una situación de imposibilidad o grave dificultad objetiva para actuar en sentido positivo ese contenido discrecional”. ¿Qué margen nos dejan los amantes de la libertad?.
La administración quiere que se adquiera la competencia digital pero que no se toquen los dispositivos digitales; que se formen los profesores en competencia digital pero que los niños no usen la tecnología; que haya dispositivos pero que no los compren las familias (ni los pagan ellos); quieren proteger la salud pero no me importa la salud si vas a un colegio privado; quieren garantizar “el desarrollo integral de los alumnos en el uso de los medios tecnológicos” pero “evitando el uso individual de los dispositivos en los centros educativos”; afirman que la autonomía de los centros es un factor determinante de la calidad del sistema (Art.5.1.d de Ley Maestra de libertad educativa) pero te dicen como debes respirar; soplar y sorber al mismo tiempo. “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?"
Le he preguntado a Copilot por el significado de dialogar. Y me dice: “mantener una conversación entre dos o más personas, donde se intercambian ideas, opiniones o información. Es una forma de comunicación que busca entender y resolver problemas, compartir conocimientos y llegar a acuerdos”. Es evidente que la respuesta es artificial: hace tiempo que la política de este país vive instalada en la polarización, el sectarismo, las ocurrencias y el diálogo de besugos. Esperemos que esta vez la Comunidad de Madrid se abra a “dialogar” para entender los problemas y llegar a acuerdos para resolverlos. La educación y la infancia madrileñas lo agradecerán.
Si (
No(
