Altos cargos de Educación, señalados en las declaraciones sobre el fraccionamiento de contratos en el 'caso FP'

Dos directores de centros educativos de Formación Profesional y el exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Mateos, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2023, han puesto en el punto de mira en altos cargos de la Consejería durante su declaración judicial en el caso sobre un presunto fraccionamiento de contratos relacionados con las obras realizadas en centros públicos de FP que está siendo investigado por el juez de Instrucción número 39. El sindicato CCOO se ha personado en la causa, mientras que la Comunidad de Madrid no ha podido participar en el procedimiento como parte perjudicada, según lo decidido por el juez.

María Eugenia Alcántara Miralles, abogada de CCOO, ha explicado que los directores han indicado no poseer la competencia "ni para recibir el dinero, ni para implantar los ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras. Simplemente recibían unos conceptos que les obligaban a gastar un dinero ingresado en la cuenta del instituto, y su labor consistía en llevar a cabo esas órdenes que les eran enviadas".

Se ha destacado que "a la estructura orgánica de la Consejería de Educación apuntan los investigados, quienes tienen las competencias para poder tanto implantar los ciclos como, sobre todo, ejecutar las obras y determinar la manera de realizarlas".

"En este caso son el director general de infraestructuras y la dirección de área territorial, siempre la directora de área territorial, que es la que tenía la interlocución directa con los centros y hacía las transferencias a las cuentas corrientes de los centros educativos", ha explicado.

Los investigados afirmaron que la aprobación de los gastos relacionados con las obras para implementar los ciclos requería un ITER, el cual incluía "la Dirección General de Infraestructuras, el exconsejero y los interventores tanto de la Consejería de Educación como de la Comunidad de Madrid".

"Son esos cuatro órganos los que firman esas autorizaciones y esos expedientes", ha subrayado la letrada, quien ha adelantado que CCOO solicitará que se les tome declaración, ya que a su juicio su testimonio es necesario para proseguir con la investigación de los hechos denunciados.

Según CCOO, "en los años 2021 y 2022 se ha adjudicado la realización de obras a determinadas empresas eludiendo el sistema abierto de concurrencia que prescribe la Ley de Contratos, recurriendo al fraccionamiento de pagos por importes máximos de 40.000 euros, pese a tratarse de cantidades millonarias", basándose en informaciones de la prensa.

CCOO ha señalado que "una práctica delictiva que se habría ejecutado en, al menos nueve centros" es lo que está en cuestión. Los centros educativos públicos involucrados incluyen el IES Ciudad Escolar, el IES Hotel Escuela y el IES San Fernando, todos ubicados en el complejo educativo Ciudad Escolar en la Carretera de Colmenar Viejo. También se encuentran la Escuela de Arte "Alberto Corazón" de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe de Madrid, la Escuela de Idiomas y el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur -CTIF- en Leganés, así como el IES Carlos Bousoño de Majadahonda y el IES Pio Baroja de Madrid.