El sindicato UGT ha convocado a una huelga a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital para exigir la actualización de los pliegos de contratación con el fin de mejorar las condiciones laborales.
La huelga tendrá lugar los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, así como el 2 y el 3 de enero, durante las festividades navideñas, en un horario que abarcará desde las 7 hasta las 22 horas. Asimismo, han advertido que podrían iniciar un paro indefinido a partir del 7 de enero si no se produce un cambio en la situación. Atende, Asispa, Domus VI y Serveo son las cuatro empresas que se verán afectadas.
Los trabajadores del SAD se concentrarán frente al Ayuntamiento en la Plaza de Cibeles el 23 de diciembre coincidiendo con el inicio de la huelga.
Sin la actualización de los pliegos no puede aplicarse el nuevo convenio acordado, con vigencia de cuatro años, que incluye un aumento salarial del 10 por ciento y una mayor seguridad laboral para los empleados con contratos temporales.
UGT acusa a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de "incumplir con el acuerdo alcanzado" debido a la falta de renovación de los pliegos y advierte que "el presupuesto es insuficiente para la sostenibilidad del servicio". Por su parte, las administraciones local y regional reclaman una financiación "adecuada" de la dependencia por parte del Gobierno central para poder hacer frente a esas mejoras.
"Tras el silencio por parte de las dos administraciones y la falta de transparencia en las fechas en que se prevé la publicación de ambos pliegos, UGT hace un llamamiento a la huelga de las personas trabajadoras para que haya un compromiso de publicar los nuevos pliegos lo antes posible, ya que en la actualidad no existe fecha concerta", han comunicado desde el sindicato.
Los trabajadores del SAD han llevado a cabo diversas acciones de protesta en los últimos meses por este motivo y esta huelga se suma a esas iniciativas. A finales de noviembre, una manifestación tuvo lugar en el centro de la capital, donde la mayoría de los profesionales participaron vistiendo una bata blanca como símbolo de su descontento. Asimismo, a finales de octubre se llevaron a cabo dos concentraciones.
Según las cifras de UGT, el sector dispone de 17.000 trabajadores, y el salario se aproxima a los 1.080 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con datos actualizados hasta el 30 de noviembre en el portal de transparencia de la Comunidad, casi 16.000 personas se encuentran en la lista de espera para los usuarios del servicio. De este total, aproximadamente 9.100 pertenecen al municipio de Madrid y alrededor de 6.600 residen en otras partes de la región, lo que indica un agravamiento en la situación durante los últimos meses.
Yolanda Díaz, partidaria de modificar la ley de desindexación
Recientemente, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reiteraba su firme compromiso para modificar la Ley de Desindexación, al perjudicar tanto a la calidad de los servicios públicos como a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que los prestan.
“La Ley de Desindexación perjudica a los servicios de dependencia, los cuidados, la limpieza, los servicios deportivos y otros servicios públicos fundamentales que se prestan hoy en España. Esta ley ha hecho recaer sus efectos en los trabajadores y trabajadoras, especialmente los más vulnerables, y en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, manifestaba Díaz, que advertía sobre su propósito de "cumplir con mi compromiso como ministra de Trabajo: hay que cambiar esta ley”.
La Ley de Desindexación y su incorporación a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017 impide que las empresas concesionarias de servicios esenciales puedan
revisar los precios de sus contratos, incluso en contextos de incremento de costes derivados de materias primas, energía o cambios legislativos como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
“Creo que hay que cambiar esta ley porque, si subimos el SMI, obviamente esto debe ser compensado en los procesos de licitación pública”, señalaba para recordar que el sector de los servicios esenciales es clave para la calidad de vida de los ciudadanos. “Este sector no solo es fundamental para la economía, sino que también refleja los valores de nuestra sociedad. Necesitamos garantizar su sostenibilidad y la dignidad de quienes trabajan en él”, remarcaba.
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