La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el PSOE contra la decisión de la jueza Concepción Jerez. En febrero de este año, Jerez había optado por archivar la investigación relacionada con los eventos ocurridos en la última Nochevieja cerca de la sede nacional del partido en la calle Ferraz, donde un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue ahorcado y golpeado.
El Juzgado de Instrucción 26 de Madrid decidió archivar la causa, afirmando que "la falta de educación no es delito" y que las declaraciones realizadas en esa ocasión "no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE, por lo que "no deben ser perseguidas" por el sistema judicial. Asimismo, el tribunal argumentó que "lo lógico" es que "aquellos que discrepan de un partido" tengan la posibilidad de manifestarse frente a su sede.
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido revisar el archivo del caso, después de que se haya estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por la representación procesal de Pedro Sánchez, así como por el Ministerio Fiscal y el PSOE, según han comunicado fuentes del partido socialista.
La denuncia, que cuenta con casi 60 páginas y a la que Europa Press tuvo acceso, señala por parte del PSOE un posible delito de incitación al odio motivado por ideología política. Argumentaron que este tipo penal solo es aplicable si se dirige contra colectivos vulnerables, recordando que el PSOE fue objeto de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Se añadieron otros delitos potenciales, entre los cuales se encuentran la incitación a la violencia y al magnicidio; injurias dirigidas a la autoridad en el ejercicio de su función; así como injurias y graves amenazas hacia el Gobierno nacional. También se incluyen amenazas contra el presidente del Gobierno y el PSOE, junto a sus militantes como grupo social, lo que conlleva un agravante por discriminación ideológica. Asimismo, se contempla el delito de reunión o manifestación ilícita, además de desórdenes públicos, siendo este último el que podría resultar en la pena más severa: cinco años de prisión.
La Audiencia Provincial, en su resolución, decide anular parcialmente el auto inicial de archivo. Además, ordena al juzgado de instrucción que examine los hechos denunciados, considerando su posible calificación como delitos graves, incluyendo amenazas serias contra el Gobierno y otros delitos significativos. Como resultado, se deja sin efecto el archivo del caso.
Ahora el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid debe tomar una decisión fundamentada sobre la calificación de los hechos en este caso y, si es pertinente, enviarlo a la Audiencia Nacional.
Al hilo, el PSOE ha asegurado que continuará velando "por la protección de la integridad de las instituciones", así como por "el respeto hacia quienes ocupan cargos públicos, y nuestros representantes, garantizando que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la democracia y el Estado de derecho".
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