La juez que investiga el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, le ha citado a declarar como investigado el 29 de noviembre, han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. Según lo indicado por la Fiscalía de Madrid, se le atribuyen presuntamente dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil, en conexión con un supuesto fraude fiscal.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha convocado a comparecer el mismo día a los otros cuatro investigados en este procedimiento judicial, según una providencia de citación adelantada por la 'Cadena Ser'.
Las comparecencias estaban fijadas para el 24 de junio, pero se pospusieron a solicitud de la acusación popular, que representa al PSOE y a Más Madrid, mediante un escrito en el que se pedía investigar cinco nuevos presuntos delitos, tras el análisis de un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del procedimiento.
Recientemente, la jueza atendió esa solicitud y decidió abrir una pieza separada para indagar si González Amador podría haber cometido delitos diferentes a los que ya se están investigando en la causa principal, en relación con su vinculación a Quirón, una decisión judicial que fue recurrida por el afectado.
Fuentes del entorno de la presidenta regional vinculan esta citación con la de la esposa del presidente del Gobierno. "González Amador ha recurrido ante la Audiencia Provincial la resolución de la jueza de ampliar su expediente y, antes de que la Audiencia diga si está bien o está mal la ampliación del expediente, ella ya decide citarle a declarar. Y, casualmente, sucede dos horas después de que Begoña Gómez sea encausada por cuatro delitos y llamada a declarar. Huele regular", manifiestan sobre esta decisión judicial.
La investigación
La indagación sobre un presunto fraude fiscal se enfoca en indicios delictivos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Además, se investiga un posible delito de falsedad en documento mercantil, ya que se presentaron facturas que no corresponden a servicios efectivamente prestados, con el objetivo de reducir la cuota tributaria a pagar.
La jueza argumentaba en el auto de apertura de diligencias que, "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros".
Se argumentaba que esas conductas se encuentran clasificadas como "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
Fue un informe de la Agencia Tributaria que señalaba un posible fraude fiscal el que lleó a la Fiscalía a investigar al descubrir "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
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