Durante el mes de julio pasado se suscitó una encendida polémica en torno a la convocatoria de las denominadas Becas de Bachillerato en la CAM. Pero, tras la controversia sobre los umbrales de renta, y de si benefician a los ricos o a los pobres, se esconde un debate más de fondo sobre el modelo de financiación de la enseñanza.
De un tiempo a esta parte, y con el surgimiento de formaciones políticas a izquierda y derecha de los partidos clásicos, se puede observar como el régimen de conciertos es cuestionado y tensionado. De un lado tiran quienes propugnan la escuela pública única como modelo excluyente, y, de otro, tiran quienes abogan por un sistema ultraliberal como el cheque escolar. De esta forma, el sistema de conciertos se encuentra en el centro, en una especie de orfandad política. El episodio de las Becas de Bachillerato del pasado mes de julio ha puesto en evidencia esta tensión y la extrema polarización que padecemos. Antes de analizarlo, conviene recordar dos principios que contextualizan esta polémica.
Gratuidad del Bachillerato y el servicio público educativo
El artículo 27 de la Constitución declara el derecho a la educación, de contenido prestacional, y reconoce la libertad de enseñanza, así como el derecho de los padres a elegir el tipo de educación, lo cual implica, según la jurisprudencia del TC, el derecho de los padres a elegir el centro para sus hijos. La CE también declara la gratuidad de la enseñanza básica y obligatoria. Esto no excluye dicha gratuidad en otros niveles, si así lo determina el legislador. De esta forma, la Ley estableció la gratuidad del Bachillerato en los centros públicos, y también se ha establecido en centros concertados, más allá de las antiguas secciones filiales, en varias Comunidades Autónomas: Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y País Vasco.
Conviene recordar que la red concertada, junto a la red de titularidad pública, conforma el servicio público educativo (art. 108 de la LOE). Por tanto, si en los centros públicos el Bachillerato es gratuito, no cabe argumentar que en la concertada no lo sea por tratarse de una etapa no obligatoria, salvo que se acepte el principio de que “el que quiera un centro distinto del público que lo pague”, en mayor o menor medida.
Historia de las Becas de Bachillerato en la CAM
Dicho lo anterior, las becas de Bachillerato fueron implantadas por el anterior equipo de la Consejería de Educación de la CAM, que las planteó como un paso previo a la concertación del Bachillerato. Eran unas becas singulares, puesto que solo se podían utilizar en centros privados que previamente asumían unos compromisos, entre ellos, no cobrar la diferencia entre el importe de la beca y la cuota de escolaridad que tuviera fijada. Además, se requería que el alumno hubiera cursado 4º de la ESO en el mismo centro en régimen de concierto. Un número suficiente de alumnos becados era la antesala a la concertación. El umbral de renta (10.000 € per cápita) se ajustaba en buena medida a lo que se puede aceptar como condición socioeconómica desfavorable prevista en el artículo 83.1 LOE.
El programa electoral del PP de Madrid para las elecciones de mayo de 2021 recogía el compromiso de “iniciar el concierto educativo en Bachillerato de manera progresiva en los centros ya concertados, y que el alumno no esté obligado a cambiar de centro al terminar la ESO”.
Es evidente que las nuevas “becas” de Bachillerato se separan abiertamente de este compromiso electoral y se configuran como un régimen alternativo al concierto, y no como un complemento o un paso previo. El umbral de renta de la beca (hasta 35.913€ per cápita) resulta difícilmente compatible con una situación económicamente desfavorable. Los centros no asumen compromiso alguno y pueden fijar libremente el precio de escolaridad. El importe de la beca no se dirige a las familias, sino que llega al centro directamente desde la administración, a través de una empresa colaboradora. En definitiva, se configura un sistema de “cheque escolar” disfrazado de beca, sustitutivo del concierto, que permite transferir fondos públicos a empresas privadas que han optado por no asumir las obligaciones y compromisos del concierto. Por cierto, unas empresas privadas que ya son apoyadas por la CAM a través de un régimen de desgravaciones fiscales por los gastos de escolarización, que algunas estimaciones lo sitúan en torno a 50 millones de euros.
El debate de fondo: concierto vs cheque
El régimen de conciertos tiene una base legal estable y sólida, que entronca con el artículo 27 de la CE, regulado con rango de Ley Orgánica, con una jurisprudencia asentada, y con vocación de gratuidad. Un régimen abierto a todos, que permite un ejercicio razonable de la libertad de enseñanza, y conforma un conjunto de derechos y obligaciones, entre ellos la rendición de cuentas y la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros. Tras 37 años de trayectoria, los conciertos evidencian su vocación de consenso y contribución al pacto educativo tan deseable y deseado. Aportan libertad, equidad y calidad al sistema educativo.
El cheque/”beca” se plantea por su cuantía (43 millones en el primer año) como un régimen alternativo al concierto, que supone una concesión graciosa y libérrima de la administración, que hoy la concede y mañana la quita; hoy la sube y mañana la baja, que deja a las familias al albur de los cálculos políticos y de las decisiones de las empresas educativas. En definitiva, una forma de libertad de elección que se circunscribe a quienes tienen capacidad económica para pagar la diferencia entre el cheque y el precio que libremente fija dicha empresa. Un sistema que sitúa a las familias en una relación de dependencia directa con la administración de turno, sabedoras de que el mantenimiento del cheque depende de que su promotor continúe en el gobierno. La irrupción del cheque, disfrazado de mayor libertad, nos aleja del pacto, y esconde el interés de un sector, en el que han desembarcado importantes fondos de inversión, que quiere mejorar la cuenta de resultados con la aportación de fondos públicos directamente, sin control, a través del señuelo del cheque a la familia.
La cortina de humo: los umbrales de renta
Sin embargo, el debate sobre el cheque/beca ha girado, no sobre el modelo, sino sobre los umbrales de renta, y si estas becas benefician a los ricos o a los menos ricos, bastante maniqueo. Por un lado, tenemos a buena parte de la izquierda que, instalada en el discurso de la subsidiariedad de la concertada, y de la escuela pública, única y laica, elijen debatir en las coordenadas “ricos vs pobres” y no sobre el modelo de financiación, porque en realidad tampoco quieren que se concierte el Bachillerato. Pero, por otro lado, tenemos a los promotores del cheque Bachillerato que, eludiendo su programa electoral, se esfuerzan en convencernos de que una familia con dos hijos y 80.000 euros de ingresos es una familia desfavorecida socioeconómicamente. Y todo por llamar “beca” a lo que es un sistema de cheque escolar, defendido por Vox, alternativo al concierto y que se fundamenta en la idea del “copago” educativo. Idea de “copago” que está detrás de la persistencia en no corregir el déficit estructural y endémico de la partida de Otros Gastos del concierto en los niveles obligatorios y gratuitos de la enseñanza.
Los extremos se tocan. El centro se vacía
Paradójicamente, por ambos caminos extremos se llega a un mismo punto de acuerdo: el que quiera elegir un centro distinto de los creados por los poderes públicos (art. 4.1.b LODE) tiene que pagar. Lo que les diferencia es el “quantum”: para unos, hay que pagar mucho, y para otros, menos. Ambos caminos conducen, en definitiva, a la cierta orfandad política en el que se encuentra hoy el régimen de conciertos. ¿Hasta cuándo?
Sin duda el régimen de conciertos es perfectible, pero hoy por hoy su mantenimiento y promoción construye el centro político y contribuye a la consecución del pacto educativo. Pronto entraremos en periodo electoral, tiempo propicio para enviar cartas en las que se prometa “blindar nuestro amor” o “viajar al centro”. Obras son amores…
Concluyendo
La concertada, como el coronel de la novela de García Márquez, sigue esperando, con resignación, la carta con que la administración le reconozca la contraprestación justa por el servicio que ofrece. Un servicio que solo será gratuito, como marca la ley, si pone los medios imprescindibles para posibilitarlo y hacerlo accesible para todos los ciudadanos que libremente escojan un centro privado concertado, con independencia de su condición socioeconómica. También en Bachillerato.
Si (
No(
