Este lunes se ha escenificado el fin del poblado chabolista más grande del sur de Europa, El Salobral. En sus 22 hectáreas, situadas en el distrito de Villaverde, vivían en precarias condiciones de salubridad y de exclusión social más de 1.200 personas, de las que gran parte han sido realojadas. En total, 236 han cambiado sus chabolas de latón por viviendas en altura y la ayuda de los servicios sociales del IRIS.
Gracias a la colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, el poblado dará paso a una zona industrial, que pretende ser un revulsivo para el distrito de Villaverde. Para ello, han sido necesarios 20 meses de trabajo que acabaron la pasada semana con el realojo de cuatro familias en sus nuevas viviendas.
Como subrayó el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, la clave para el desmantelamiento de El Salobral no ha sido sustituir las infraviviendas por casas de cemento, sino el apoyo social que han recibido las familias para su integración.
Un trabajo que ha llevado a cabo el Instituto de Realojamiento e Integración Social, un organismo dependiente de la Consejería de Vivienda, a través del seguimiento de las familias antes y después de su traslado a sus nuevas viviendas en régimen de alquiler.
También la presidenta de la Comunidad subrayó la política de integración social que se ha seguido en el caso de El Salobral, al igual que en el desmantelamiento de otros poblados chabolistas.
En El Salobral vivían más de 1.200 personas, de las cuales casi 500 eran menores de 16 años y de los 700 adultos casi 200 eran analfabetos, según recordó el alcalde de Madrid. Para desmantelar el asentamiento, el Ayuntamiento ha realizado 523 demoliciones y la Comunidad de Madrid ha realojado a 236 familias en 13 distritos de la capital y 19 municipios de la región. Una operación que ha costado cerca de 40 millones de euros, costeados a medias entre ambas instituciones.
Sin embargo, no todas las personas que habitaban El Salobral han recibido ayuda para abandonar el poblado. El convenio firmado entre Ayuntamiento y Comunidad establecía que la unidad familiar no dispusiese de ingresos superiores a 15.000 euros o que no tuviese ningún vivienda en propiedad, entre otros motivos.
Así, de las 497 familias residentes en el asentamiento, 236 han sido realojadas por el IRIS. El resto ha tenido que afrontar con sus propios recursos el desalojo, como también sucederá con la decena que aún hace su vida allí y que este lunes ha protestado cerca de la carpa donde se ha celebrado el acto para solicitar que les faciliten una vivienda. Gallardón explicó que no cumplen los requisitos para recibir las ayudas y que están a la espera de recibir la orden judicial pertinente para proceder al derribo de sus infraviviendas.
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