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CIE de Aluche. (Archivo)
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CIE de Aluche. (Archivo) (Foto: Kike Rincón)

Paralizada la expulsión de un menor marroquí del CIE de Aluche

Por MDO/E.P.
martes 07 de febrero de 2017, 22:07h

El menor marroquí que iba a ser deportado este miércoles finalmente no lo será porque su abogado ha aportado documentación alegando que es menor de edad.
La expulsión del menor marroquí que estaba prevista para este miércoles desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ha sido paralizada por la Policía Nacional a instancias de la Fiscalía, después de que el abogado del chico aportase nueva documentación a la causa para acreditar que tiene 16 años, como viene alegando, y no más de 18 como dice un decreto del fiscal de Las Palmas de Gran Canaria.

Según han fuentes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, que también ha recibido copia de esa documentación, ha paralizado el procedimiento de expulsión, que estaba previsto ejecutarse a primera hora de la mañana de este miércoles 8 de febrero, en espera de que la Fiscalía de Las Palmas revise los documentos aportados.

El abogado, Santiago Yerga, explica que a las siete de la tarde de este martes aún no había recibido notificación oficial de que la expulsión efectivamente se hubiera paralizado, aunque confía en que sea así a la luz de las nuevas gestiones.

En concreto, según ha señalado, ha hecho entrega a la Fiscalía de Las Palmas, donde se determinó que el chico era un adulto, de un documento expedido en Marruecos que "es similar a un certificado de empadronamiento" y donde se recoge "su fecha de nacimiento, el lugar, la filiación y una fotografía" del menor.

No obstante, el letrado ya presentó en su momento a la Fiscalía de Las Palmas el libro de familia y la partida de nacimiento del joven y aunque en ambos documentos constaba que tenía 16 años y 3 meses a su llegada a España, el fiscal sostuvo el decreto basado en pruebas médicas de determinación de la edad declarándole adulto y por tanto, expulsable.

Aquel decreto generó que el joven fuese trasladado al CIE de Madrid para su expulsión, que se iba a producir este miércoles sin que la intervención del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que había pedido por carta a España que paralizase el proceso; ni del Defensor del Pueblo, que había recomendado no ejecutar la expulsión hasta que se pronunciase el Comité de Derechos de Naciones Unidas que conoció del caso por el Servicio Jesuíta a Migrantes, hubiesen dado fruto.
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