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La ordenanza de convivencia

Por Jorge García Castaño
martes 22 de octubre de 2013, 14:35h
Tras el nuevo fracaso de la candidatura olímpica, el Gobierno de Ana Botella se ha quedado sin grandes proyectos que vender. Mientras el Ayuntamiento intenta afrontar la monumental deuda de Gallardón, los madrileños van acostumbrándose a recibir cada vez menos en servicios e inversiones por unos impuestos y tasas cada vez más altos. En lo económico, las únicas propuestas -además de los recortes y la reestructuración del sector público- han sido algunas de apoyo a "emprendedores" y una presunta bajada de impuestos, en diferido, para la próxima legislatura. Y ahora, cuando en algunos medios arrecian las críticas a la decadencia y la suciedad de Madrid, aparece la nueva Ordenanza de Convivencia. 

 

Como es conocido, esta Ordenanza que se aprobará a inicios de 2014, plantea multar a las personas que ejerzan distintas actividades: mendicidad, prostitución, cundas, gorrilas, acampadas, uso de monopatines y otras muchas, como se puede ver en el borrador. 

 

¿Por qué ahora? Sin duda, la propuesta de Ordenanza de Conveniencia tiene mucho que ver con la constatación por parte de la ciudadanía de que Madrid está cada vez más sucia. Lo está en el centro y sobre todo en algunos distritos alejados de la ciudad escaparate, en los que es fácil ver la brecha territorial que atraviesa nuestra ciudad. Esta percepción tiene bases objetivas muy claras. Las inversiones, incluidas las de reposición, están bajo mínimos desde 2008, llegando el año pasado a 8,2? por habitante. En la misma línea ha ido la evolución del capítulo II que ha caído un 25% en esos años y el conjunto del presupuesto cuya caída es ya del 28,14%. El nuevo invento del Equipo de Gobierno son los "contratos integrales", que vienen a suponer la agrupación de 39 contratos en uno de 2.316 millones y haciendo seis lotes zonales. Estos contratos no plantean criterios mínimos de plantilla y en ellos pesa fundamentalmente la oferta económica, sin plantearse bajas temerarias. Estas medidas, como no podía ser de otra forma, están suponiendo una buena cantidad de despidos por parte de las empresas privadas que prestan los servicios y un deterioro de todo lo que tiene que ver con el área, desde los parques y jardines, a la limpieza viaria, la recogida de basuras, etc. Hay menos inversión, menos personal y menos control por parte del Ayuntamiento de lo que realmente pasa en la calle. 

 

Sin duda es este contexto el que motiva la nueva Ordenanza. Ante un problema objetivo de limpieza y falta de inversión que les va a poner en problemas ante el electorado, el PP responde "señalando a los culpables". Parece que lo que se quiere decir es algo así como: "Si, la ciudad está sucia, pero eso es porque hay un problema de civismo generalizado, hay mendigos, prostitutas, jóvenes bebiendo, trileros, yonkis, skaters, perroflautas acampando, niños jugando al balón...". Prometiendo dureza con estos colectivos, el PP se plantea dar gusto por lo menos a su electorado más cercano. 

 

¿Defendiendo el espacio público? Si uno lee el borrador de Ordenanza puede llegar a la conclusión de que al PP le realmente le obsesiona el civismo y la disciplina en el cumplimiento de las normas, en lo que tiene que ver con el respeto al espacio público y su uso por parte del peatón. Dice Botella que quiere que "todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida". Sin embargo, esa sería una lectura poco coherente con otras ordenanzas aprobadas durante esta legislatura, muy especialmente la de terrazas y la que regula el street marketing. 

 

La política de este Gobierno Municipal, que estas dos ordenanzas expresan estupendamente, ha consistido en recaudar más poniendo en manos privadas el uso del espacio público. Son normas especialmente diseñadas para poner en valor nuestras plazas y aceras, ampliando enormemente el espacio dedicado a actividades publicitarias o terrazas, permitiendo también todo tipo de construcciones más o menos permanentes. 

 

Estamos hablando de ordenanzas difíciles, del Derecho a la Ciudad con mayúsculas. Son normas que deben compaginar intereses económicos, derechos de los vecinos al ocio o al descanso, de los peatones, distintos tipos de comercio, etc. Sin embargo, en nuestra ciudad, unas ordenanzas están consagradas a unos intereses económicos muy concretos ayudándose de la crisis y de la necesidad de dinamizar la economía. Y a la vista del primer borrador, parece que la Ordenanza de Convivencia tiene mucho más que ver con los intereses electorales del PP que con un intento de articular distintos derechos de forma más o menos ecuánime. 

 

No creo que Madrid tenga graves problemas de convivencia para la que está cayendo y es evidente que los barrios que realmente los sufren, no van a ver mejorada su situación por esta ordenanza. Estamos hablando de problemas profundos de desigualdad, pobreza, desempleo o deterioro urbano, que necesitan de otras medidas muy distintas. Aunque pretenda desplazar el foco hacia unas supuestas actitudes incívicas por parte de la población, lo que si va a tener que encarar el Equipo de Gobierno es un aumento de la conflictividad laboral tanto en los sectores que más están sufriendo los despidos, como entre la ciudadanía que va a sufrir los efectos. En los próximos días, los trabajadores de la limpieza van a convocar movilizaciones frente a los despidos y rebajas salariales que están sufriendo. Es vital que estas protestas cuenten con el apoyo y la comprensión por parte del conjunto de la ciudadanía. No nos estamos jugando sólo empleos o condiciones laborales. Está en juego la forma en que se van a prestar los servicios durante muchos años o quizá nuestra forma de entender la ciudad y la convivencia.

 

Jorge García Castaño.

Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida de Madrid.

Jorge García Castaño

Delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y concejal-presidente de Centro

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