La PAH clama contra la "estafa financiera"

La marcha, que ha arrancado en un ambiente tranquilo, ha movilizado a cientos de personas  que a las 19.00 horas de daban cita en el edificio de la Asociación Española de Banca (AEB), en la calle de Velázquez, el punto de partida de la protesta. Bajo el lema "Juicio y castigo", los manifestantes han exigido que no se sigan cobrando impuestos a las familias desahuciadas, así como que las Cortes vuelvan a valorar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que avalaron más de un millón de personas para la aplicación generalizada de la dación en pago.

Paulatinamente, más y más ciudadanos han querido sumarse a la iniciativa promovida por la PAH, y la manifestación ya congregaba a miles de personas en Cibeles, donde se han parado frente al Consistorio. "Tenemos la solución, los banqueros a prisión" y "Anticapitalistas" han sido dos de los lemas que más han proferido los participantes.

Pero los gritos han sido especialmente contundentes al otro lado de la plaza, donde está el edificio del Banco de España, entidad que la PAH considera como "corresponsable de la situación". Allí se han escuchado consignas como "Sí se puede" o "Ni casas sin gente, ni gente sin casas".

Posteriormente, la multitud ha 'tomado' la calle de Alcalá con destino a la sede de la Audiencia Nacional, donde está previsto que concluya la protesta.

Responsables "con nombres y apellidos"
En un manifiesto emitido hace unos días, la PAH ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó en marzo que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

"La ley española deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles", han subrayado.

"Lejos, como cabría esperar de un Gobierno responsable, de decretar una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria o de establecer un mecanismo de revisión de los procedimientos ya ejecutados el Gobierno ha aprobado, desde la soledad más absoluta, la ley 1/2013", una norma que, a juicio de la PAH, perpetúa la situación de emergencia habitual mediante medios "ilegales".