Diez detenidos en la marcha minera, libres

Tras interrogar a estos arrestados -correspondientes a la noche del miércoles-, la magistrada acordó su puesta en libertad pero las diligencias siguen abiertas para el esclarecimiento de los altercados producidos en la manifestación. Además, les mantienen los cargos abiertos por la Policía de desordenes públicos, altercados, y atentado y desobediencia a la autoridad.

Por otra parte, la juez de Instrucción número 41 de Madrid en funciones de guardia de detenidos ha tomado este viernes declaración a otros ocho detenidos, los correspondientes a la mañana del miércoles, por ser los supuestos causantes de otros incidentes.

La magistrada ha otorgado la libertad con cargos de atentado a todos ellos, aunque dos con la obligación de acudir cada lunes al juzgado. Asimismo, ha traspasado la causa al juzgado número 34, que es el conocedor de los hechos.

Desórdenes públicos
Según fuentes policiales, en el caso de la primera manifestación, se lanzaron piedras y todo tipo de objetos a los agentes mientras que por la tarde, además, quedaron calcinados varios contenedores.

Durante las marchas, 37 agentes resultaron heridos. De ellos, dos presentan heridas de consideración y por ello están de baja. Así, un policía acabó con cuatro dedos rotos y otro con un brazo en cabestrillo, según ha indicado el portavoz de la Unión Federal de la Policía, Serafín Giraldo. Según ha explicado, los agentes recibieron una lluvia de petardos, adoquines, rodamientos y bolas de acero. El sindicato policial cifra en 12.000 el número de manifestantes.

Durante la primera marcha, que se celebró desde la Plaza de Colón hasta las puertas del Ministerio de Industria, en la plaza de Cuzco, se detuvo a un total de ocho personas mientras que en la de la tarde, convocada por colectivos sociales y que discurrió entre Atocha y Sol, se saldó con otras diez personas detenidas.

El PSM pide una investigación
La comisión ejecutiva del PSM en el distrito de Centro de Madrid ha solicitado a la Delegación del Gobierno la apertura de una investigación sobre la intervención policial del miércoles en los barrios de Sol y Embajadores, que ha considerado "desproporcionada" e "injustificada".

El partido socialista ha especificado en un comunicado que esta investigación "debería dejar claro que no ha sido la propia delegada del Gobierno (Cristina Cifuentes) la que ordenó que la policía actuara de esa manera". También ha condenado una actuación policial en la que los agentes no portaban a la vista su número de identificación y que convirtió en "víctimas" a "ciudadanos que se manifestaban pacíficamente y vecinos del distrito".

Este partido ha mostrado su oposición a "cualquier tipo de actitud violenta en el desarrollo de las manifestaciones y concentraciones" por parte de "algunos" que "no representan el sentir mayoritario".

Por su parte, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó ha considerado legítimo el uso de la fuerza "cuando la Policía interviene con unos principios de proporcionalidad y firmeza y lo hace amparado por la Constitución para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos". Cosidó ha asegurado este viernes en los Cursos de Verano de El Escorial, que tanto la Policía como los mineros actuaron "con responsabilidad, prudencia y proporcionalidad" en la manifestación del pasado miércoles por la mañana. En este sentido, Cosidó achaca la violencia a "elementos más radicales y ajenos al propio colectivo que se estaba manifestando".