El Supremo condena a la Comunidad a pagar 11 millones por expropiar unos terrenos

El Supremo cumple así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) relativa a una expropiación de terrenos realizada en 1991 para la construcción de la carretera M-503. Los vecinos habían presentado un recurso contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación al entender que el justiprecio no había sido suficiente.

En la sentencia, el Tribunal "no discute el valor del metro cuadrado sino el derecho de ser indemnizados con el 25 por ciento por la ocupación ilegal de los terrenos, lo cual constituye una vía de hecho" y entiende que dados los plazos y las cesiones los vecinos deben recibir una indemnización de daños con un justiprecio en el que se incremente dicho 25 por ciento.

La Comunidad recurrió la sentencia del TSJM y el Supremo obliga ahora al Gobierno regional a hacer efectivo el incremento del justiprecio establecido por el Tribunal por la expropiación de estos terrenos, como los intereses generados desde julio de 1991, una suma que asciende a 10,9 millones de euros.

Los terrenos de la finca Monteclaro necesarios para ejecutar la construcción de la M-503 fueron cedidos mediante el Acta de Cesión Gratuita de Terrenos otorgada el 30 de julio de 1992 por la promotora Levitt Bosch Aymerich S.A., al Gobierno regional presidido entonces por Joaquín Leguina.

La Comunidad de Propietarios Monteclaro impugnó el Acta de Cesión ante el TSJM, que dictó sentencia de 10 de febrero de 2004, declarando su nulidad por considerar que la promotora ya no era propietaria de esos terrenos cuando los cedió porque los había entregado como elemento común de la urbanización a los vecinos y no para los sistemas generales, como son las carreteras.

Transportes cree que es mal momento
La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha manifestado que respeta la decisión del Tribunal Supremo sobre esta expropiación pero no entiende que pueda fallar "contra las arcas públicas en un momento de emergencia económica" y en un caso de construcción de una "infraestructura pública necesaria".

Desde el Gobierno regional han recordado que la Comunidad ya pagó en 2010 más de 8 millones de euros a los vecinos de la urbanización de chalés Monteclaro, en cumplimiento de una sentencia anterior, pero que los propietarios impugnaron el justiprecio por considerarlo insuficiente.