Justicia quiere eliminar los papeles en los juzgados antes de 2015

La Justicia madrileña quiere eliminar el papel antes del año 2015. Es el horizonte que se ha marcado este martes la consejera de Justicia, Regina Plañiol, durante la presentación de un informe con 80 propuestas para mejorar una administración anclada todavía, en muchos aspectos, en el siglo XIX.

Este calendario sigue los plazos marcados por la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación de la Administración de Justicia, aprobada en julio del año pasado. En ella, el ministerio daba cinco años a las administraciones para que dotasen a los órganos judiciales de los sistemas de gestión procesal necesarios para la tramitación electrónica de los procedimientos.

La idea es que, para entonces, las nuevas tecnologías sean las protagonistas en la relación diaria de ciudadanos y profesionales con la Justicia para lograr una mayor eficacia. El primer paso será la creación de la Sede Judicial Electrónica, una dirección electrónica para que profesionales y ciudadanos puedan realizar todos los trámites de forma telemática.

Además, el plan prevé la implantación de la firma electrónica, de un sistema de comunicación directa entre los juzgados y los centros penitenciarios o poner de acuerdo a todas las administraciones implicadas en la Justicia -comunidades con las competencias transferidas y aquellas que aún dependen del ministerio de Justicia- para adoptar un sistema informático común. Por último, la consejería pretende incorporar garantías a la grabación de las vistas y crear un portal de la Administración de Justicia en la Comunidad.

La prioridad de esta batería de medidas -que en su mayor parte dependen del ministerio de Justicia y que han sido consensuadas con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma- es acabar con uno de los principales problemas que ponen a la justicia madrileña contra las cuerdas: la excesiva litigiosidad.

El primer paso para aliviar la carga de los juzgados es impulsar las reformas legislativas necesarias para 'desjudicializar' la justicia. En concreto, la Comunidad es partidaria de despenalizar las faltas, potenciar los juicios rápidos en la jurisdicción civil y la mediación extrajudicial.

Además, Plañiol ha mostrado su apoyo a la idea del copago lanzada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Como primer paso, Madrid introducirá la factura judicial informativa "para que los ciudadanos conozcan el coste de los procesos". A modo de ejemplo, fuentes de la consejería han cifrado en 1.300 euros el coste de un juicio rápido por un hurto de 30 euros.

Pero otra de las piezas clave de estas reformas se refiere a los trabajadores de Justicia. La consejería está elaborando un estudio para analizar las cargas de trabajo de los diferentes órganos judiciales para, en caso de que sea necesario, reorganizar las plantillas. Para ello, Plañiol quiere más flexibilidad a la hora de que los funcionarios cambien de destino.

Además, la Comunidad ha fijado el uno de junio como fecha para que los 6.792 funcionarios de Justicia empiecen a fichar. Será entonces cuando entre en funcionamiento el FIVA (Fichaje y Vacaciones), un sistema informático que controla el tiempo que los trabajadores de los juzgados pasan delante del ordenador a lo largo de su jornada laboral.

Durante la presentación del informe -a la que han asistido las principales autoridades de la judicatura madrileña-, Plañiol ha vuelto a insistir en la necesidad de mejorar el control sobre la Asistencia Jurídica Gratuita. En concreto, la Comunidad quiere introducir instrumentos telemáticos que permitan realizar un mejor seguimiento de las solicitudes de asistencia y de la propia asistencia realizada por abogados y procuradores.

Para justificar esta medida, Plañiol ha recordado que los 44 millones de euros gastados por la Comunidad en este servicio durante el pasado 2010 suponen uno de cada siete euros del presupuesto de este departamento. En este sentido, el informe señala que las cuotas que cobran los abogados del turno de oficio "son superiores a la media del resto de Comunidades", por lo que Plañiol ha recordado que hay regiones, como Cataluña, donde los letrados han aceptado rebajar estos módulos en un cinco por ciento.

Además, el informe retoma el proyecto del Campus de la Justicia -"un proyecto más austero que incluya a la iniciativa privada y que abandone la idea de dejar una huella arquitectónica"- y de concentrar las sedes judiciales en torno a plaza de Castilla y el eje Gran Vía-Princesa. El informe también vuelve a ofrecer a la justicia madrileña como laboratorio en el que probar las novedades introducidas en el proyecto de la Nueva Oficina Judicial y plantea la necesidad de eliminar las oficinas de atención al ciudadano Civitas. "No se han desplegado como creíamos y no han dado más calidad al servicio", ha justificado Plañiol.