El acuerdo sobre Metro preserva su carácter público

Además, el documento incluye una cláusula por la cual, si en el futuro se obligara al Consistorio a prestar de nuevo el servicio de transporte de viajeros en suburbano y hubiera cambiado el capital social de la empresa, la capital tendrá derecho a recuperar el 51 por ciento del accionariado de la compañía para garantizar así la titularidad pública.

Así, se establece que, "si por ley se transfiriera la competencia (del servicio de transporte de Metro) a la ciudad, el Ayuntamiento recuperaría la titularidad del conjunto de bienes y derechos inherentes a la prestación del servicio" o, en su caso, del "valor contable actualizado", así como "la titularidad de las acciones transmitidas, sin que en ningún caso el valor neto contable de las acciones recibidas actualizado el IPC sea inferior proporcionalmente al de las transmitidas, correspondiendo de no ser así a la Comunidad de Madrid abonar al Ayuntamiento la diferencia resultante".

Además, si en el momento de efectuar ese proceso de reversión, y "como consecuencia de modificaciones en el capital social, las acciones recuperadas no representasen la mayoría del mismo, la Comunidad de Madrid se obliga a transmitir al Ayuntamiento la titularidad de un número de acciones que representen al menos el 51 por ciento del capital, sin perjuicio de mantener el mismo valor neto contable de las transmitidas".

Posibilidades que, según el delegado de Hacienda y presidente de Metro, Juan Bravo, son muy "improbables" porque "la decisión que se está tomando (ahora) es irreversible". En cualquier caso, el delegado ha insistido en que si "desde el Estado o la Comunidad se cambia la normativa y se considera que el transporte en las ciudades o el Metro es competencia exclusiva de los municipios, este acuerdo blinda la posición del Ayuntamiento". También ha manifestado que no sabe si la Comunidad de Madrid tiene intención de que entre o no capital privado en la compañía.

La transferencia de la titularidad de las acciones municipales a la Comunidad permitirá un ahorro de 159 millones de euros que ayudarán al Consistorio a "seguir prestando otros servicios públicos de los que es plenamente competente y que tiene que garantizar", insistió Bravo.

Los tres grupos de la oposición (UPyD, IU y PSOE) han decidido abstenerse en la votación en comisión y reservar su posición de voto para el debate de este asunto en el Pleno, que se celebrará previsiblemente el 22 de diciembre.

Por su parte, el Consorcio Regional de Transportes cederá a la Comunidad la línea de ferrocarril suburbano Carabanchel-Plaza de España para que la titularidad íntegra de la entidad quede en manos del Gobierno regional.