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Citan a declarar a los miembros del PP de Alcorcón en 2002 por presunta prevaricación urbanística

Citan a declarar a los miembros del PP de Alcorcón en 2002 por presunta prevaricación urbanística

Por MDO/E.P.
jueves 02 de diciembre de 2010, 00:00h
El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón ha citado a declarar a los miembros del equipo de Gobierno del Partido Popular en el año 2002 por su presunta implicación en un delito de prevaricación, cometido por supuestas irregularidades producidas en la aprobación de los planes parciales de actuación urbanística PP-7 'Parque de Ocio Universitario' y PP-12 'La Ronda', en el barrio de Fuente Cisneros.
El juez ha citado el día 10 de diciembre al ex alcalde Pablo Zuñiga y a los ediles Yolanda Pérez, Francisco José Torres, María Belén Sánchez, Plácido García, Rafael Resano y Susana Lorenzo. Por otro lado, tendrán que acudir al Juzgado el 13 de diciembre el actual portavoz de la formación, Fernando Díaz, y los por entonces concejales de la Corporación Eduardo Collado, Felipe García, Eduardo Álvaro Reigosa, Alberto Moreno, José Luis García y Laureano Fernández.

Los citados deberán prestar declaración tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal a instancias del Ayuntamiento de la localidad, que en noviembre del pasado año y a través del actual alcalde, el socialista Enrique Cascallana, dio traslado de los informes urbanísticos y jurídicos que demostraban las presuntas irregularidades cometidas por los populares en el barrio de Fuente Cisneros.

El actual regidor alcorconero consideraba que en dichos informes queda acreditado que el Gobierno local, dirigido entonces por el PP, "incumplió las normas básicas del planeamiento" ya que se "incrementó el número de viviendas permitidas por el PGOU" a la vez que "se eliminaron viviendas públicas por debajo de lo que exigía la Comunidad de Madrid". Asimismo, Cascallana denunció que este planeamiento supuso la construcción de 1.100 viviendas que se levantaron "sin el informe jurídico correspondiente que acreditase su validez", a lo que se une la ausencia de terrenos cedidos para la construcción de equipamientos educativos o sociales.
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