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El año en que la crisis arrolló al bienestar

El año en que la crisis arrolló al bienestar

jueves 31 de diciembre de 2009, 00:00h
El año 2010 ha sido el peor de la recesión económica iniciada en 2008. Crisis, recortes, tijeretazo, privatización y austeridad fueron las palabras más usadas. En la mayor parte de los casos, los perjudicados por la restricción del gasto de todas las administraciones han sido los servicios públicos.
En enero, el 70% de la población pensaba que la situación del empleo se mantendría o empeoraría en el año que comenzaba. Y no se equivocaba. A finales de 2010, España contaba con 4,5 millones de parados y Madrid consolidaba el medio millón de personas sin empleo en una escalada que, si bien mantenía las cifras absolutas por debajo de la media nacional, crecían a un ritmo mayor. Los brotes verdes anunciados por el Gobierno central apenas se veían en el horizonte y la presión de los mercados, el fantasma del rescate económico tras la quiebra de Irlanda y las inyecciones de dinero público a los bancos no eran suficientes. Entonces, llegaron los recortes.

Empujado por sus socios europeos, José Luis Rodríguez Zapatero tomó la sartén por el mango en el mes de mayo: 'tijeretazo’ a los sueldos de los funcionarios, a la subida de las pensiones contributivas, eliminación del cheque bebé, eliminación de la retroactividad a la hora de reconocer las compensaciones por la ley de dependencia y reducción del gasto farmacéutico. La huelga de funcionarios y la huelga general que los sindicatos convocaron para protestar por la rebaja de sus sueldos (y que UGT y CCOO promovieron ya después del verano) apenas se notaron. Aunque el Gobierno acordó prorrogar la ayuda de 420 euros a los parados, Zapatero anunciaría en noviembre que esta iba a quedar suprimida. De nuevo ante la llamada de Europa y con el fin de calmar a los mercados sobre la solvencia de la deuda española, el presidente daba luz verde a la privatización del 49% de AENA (incluyendo la gestión privada por concesión de Barajas y El Prat) y la rebaja del impuesto de sociedades, demanda largamente reclamada por el Partido Popular pero que seguía siendo “insuficiente”.

La caída de la recaudación por impuestos, el peso del déficit del Estado y la necesidad de ahorro se trasladaban directamente a los presupuestos generales y a su contribución en la Comunidad de Madrid: 500 millones de euros menos e inversiones como las del transporte muy ralentizadas. Ante este panorama, el Gobierno regional, no tardó en trasladar las reducciones a su propio ámbito. Paralelamente al tijeretazo de Zapatero, el Gobierno de Esperanza Aguirre ponía el punto de mira en los liberados sindicales y los funcionarios. El elevado número de horas sindicales y el absentismo de los servidores públicos, según argumentaron los responsables autonómicos, no eran compatibles con los tiempos de "austeridad" que corrían. CCOO y UGT denunciaron que ellos sólo eran el chivo expiatorio, la víctima propiciatoria de cara a la opinión pública mientras que Aguirre no dejaba de gastar en "propaganda".

Esperanza Aguirre advertía antes de las vacaciones de verano que el grifo se había cerrado y que les tocaba a todos apretarse el cinturón, incluyendo a las empresas públicas y aunque eso significase saltarse los acuerdos y convenios firmados por la Administración con sus trabajadores. Sólo los empleados de Metro se levantaron en firme y provocaron una huelga que, entre palabras gruesas y amenazas, obligó a cerrar el Metro de Madrid el 29 de junio y lo mantuvo al 50% el día siguiente. Los anunciados expedientes a los trabajadores que se negaron a cumplir los servicios mínimos no se han resuelto aún y los sindicatos aseguran que no se materializarán. Mucho menos los despidos fulminantes con que amenazó la Comunidad de Madrid.

Pero los recortes no se quedaron ahí. A la vuelta de las vacaciones, en el último debate del estado de la región de la legislatura, Esperanza Aguirre anunció que el presupuesto para 2011 caería un 10% y, de nuevo, que recortaría los liberados sindicales. Los datos del paro, la deuda, el PIB y otros, según la presidenta, le daban la razón al decir que Madrid soportaba la crisis "mejor que el resto" y, desde luego mejor que el conjunto de España, pero el recorte era inevitable.

Según Tomás Gómez (líder del PSM) y Gregorio Gordo (IU) -cuyas propuestas fueron rechazadas- Aguirre se hacía la víctima y negaba su responsabilidad hacia los parados mientras aumentaba sus políticas ultraliberales y el adelgazamiento de los servicios públicos. Obviando a sus detractores, la presidenta presentó en octubre un presupuesto en el que se consumaba una reducción de 1.659 millones, la pérdida de fondos para los servicios públicos y la eliminación de 109 organismos y empresas públicas, muchos de ellos órganos de participación social como el Consejo de la Juventud o el Consejo de la Mujer. La barra libre de subvenciones a fondo perdido se acababa. PSOE e IU los calificaron de los "presupuestos del Tea Party" por reducir dinero en lo público, trasladarlo a la educación o la sanidad privadas y continuar aumentando las ayudas a quienes más tienen. UGT y CCOO denunciaron el abandono de los trabajadores y de los sectores con menos recursos a su suerte.

Para cerrar el año, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid no siguieron un camino mejor. Cercado por la deuda, las protestas de trabajadores, el retraso en el pago a los proveedores y las acusaciones de despilfarro, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón hizo público en noviembre su presupuesto para 2011, cuentas en las que la inversión se desploma, fue eliminada la ayuda a la cooperación hasta que lleguen tiempos mejores y se recurrió a la ingeniería financiera para tapar agujeros. Zapatero, en persona, le negaría además el alcalde de Madrid -durante una reunión en la Moncloa- cualquier posibilidad de refinanciar su deuda. El año 2011 llega así con numerosos nubarrones negros.
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