Defender las pensiones y las condiciones de jubilación

La convocatoria de huelga general para el próximo 29 de septiembre está motivada por el abrupto giro social dado por el Gobierno en los últimos meses y que ha tenido su concreción práctica a través de dos decretos-ley, de mayo y junio pasados, en los que se han llevado a cabo sustanciales recortes de gasto, como la rebaja de los salarios de los empleados públicos, y se ha puesto en marcha una reforma laboral que está precarizando aún mas las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de este país, todo lo cual, además, va a dificultar en gran medida la salida a la crisis que venimos padeciendo.

Pero lo peor de todo es que estas medidas son únicamente un primer paso dentro de un proceso en el que el propio Gobierno ya está amenazando con nuevos recortes y, sobre todo, con una reforma del sistema público de pensiones que tan negativamente puede afectar al conjunto de la sociedad española.

Frente a esta secuencia de medidas, de las que hasta ahora sólo hemos visto el comienzo, nos tenemos que movilizar, porque sólo con una protesta masiva y generalizada podremos parar esta deriva antisocial que está poniendo en un muy grave peligro los logros sociales que tanto trabajo ha costado conquistar a lo largo de mucho años de lucha, esfuerzos y sacrificios.

No puede ser, por tanto, que todo ese bagaje haya sido en vano y perdamos los derechos conquistados y adquiridos. En este sentido revisten especial gravedad las distintas medidas tomadas o anunciadas en relación con las pensiones y con las condiciones de jubilación, por cuanto se refieren a la situación de las personas en esos momentos tan importantes de la existencia en que acceder a una jubilación adecuada y tener una pensión digna deben ser la justa consecuencia al trabajo desarrollado y a lo aportado al esfuerzo colectivo de la sociedad a lo largo de toda la vida.  

Por eso, la congelación de las pensiones contributivas en 2011 es profundamente injusta, porque más de seis millones de pensionistas van a dejar de percibir unas cantidades a las que tienen derecho y cuya pérdida les va a hacer disminuir su poder adquisitivo. De hecho, congelar las pensiones es reducirlas. Por ello y porque con esta congelación se incumple el Acuerdo de Pensiones de 2006, vamos a la huelga general el 29 de septiembre.

Por otra parte, el anuncio hecho por el Ejecutivo de reformar el sistema público de pensiones en el sentido de ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como de aumentar el periodo de cálculo de las pensiones desde los quince últimos años cotizados hasta los veinte o veinticinco, representa una amenaza de tal gravedad que va a afectar, de aprobarse —y para impedir que se apruebe hacemos también la huelga general del próximo 29 de septiembre—, a todas las personas que vayan a jubilarse a partir de ahora. Nada digamos si se lleva adelante lo que propone la Comisión Europea, que pretende llevar la edad de jubilación hasta los setenta años.

Pero es que, además de estas (malas) intenciones del Gobierno, el empeoramiento de algunas de las condiciones para jubilarse, ya aprobadas en el Real Decreto-ley 8/2010, de mayo pasado, dibujan un panorama de crecientes dificultades para poder disfrutar de los derechos adquiridos en el transcurso de nuestra vida laboral.

El aumento de los requisitos para el cálculo del periodo mínimo de cotización necesario para jubilarse ejemplifica muy bien los crecientes obstáculos que ya se han establecido para alcanzar una merecida y justa jubilación. Si antes del citado Decreto era necesario para acceder a la pensión mínima de jubilación haber cotizado 5.008 días, ahora se precisa ya una cotización de 5.475 días.

A esto hay que añadir igualmente las mayores exigencias establecidas para la jubilación parcial, lo que perjudica a la vez a las personas mayores, que ahora tienen que esperar un año más, de los 60 a los 61, para poder acogerse a este tipo de jubilación, y a los jóvenes que ven, de alguna manera, restringidas en parte las posibilidades de encontrar empleo a través de los contratos de relevo.     

Por consiguiente, la defensa del sistema público de pensiones y unas condiciones dignas de jubilación, son también motivos para secundar la huelga general del 29 de septiembre con la que hay que parar al Gobierno en el errático y antisocial giro que ha dado a sus políticas.

José Ricardo Martínez Castro        
Secretario general de UGT-Madrid