La concentración frente al parlamento madrileño se convirtió en un auténtico acto de movilización al que se sumaron miembros y representantes sindicales del
Canal de Isabel II,
Telemadrid y los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de
ambulancias del Summa 112. Todos ellos sufrirán
el recorte del 5% en sus salarios que acometerá el Gobierno de Esperanza Aguirre como prolongación del
'tijeretazo' impuesto por el Gobierno central a los sueldos de los funcionarios, además de la reordenación, fusión y supresión de corporaciones que en las próximas semanas detallará el Ejecutivo regional.
Unos 600 manifestantes a los que la Delegación de Gobierno había autorizado concentrarse se saltaron el perímetro de seguridad establecido por la Policía e invadieron la Plaza de la Asamblea de Madrid y la Avenida de Pablo Neruda, lo que provocó momentos de
tensión y enfrentamientos puntuales con las fuerzas de seguridad. Pertrechados con pancartas y megáfonos gritaron consignas como "
Zapatero nos mata, Aguirre nos remata", "
Espe, Espe, especulación" o "PSOE y PP la misma mierda es". A la puerta de la Cámara, los representantes de cada sector de CCOO, UGT y solidaridad obrera exigieron el cumplimiento de los acuerdos firmados por la Comunidad con el personal laboral para que la crisis "no la paguen los trabajadores".
Recortes, pero para todos
Las protestas y los silbidos llegaron con claridad al interior de la Asamblea, cuyos trabajadores (ujieres, taquígrafos y resto de personal), también reivindican su convenio laboral. En el hemiciclo, PSOE e IU pusieron el foco sobre todas las consejerías y exigieron al Gobierno de Esperanza Aguirre que
cierre el grifo del "despilfarro", las adjudicaciones a empresas privadas y la proliferación de altos cargos. Eso, en lugar de recortar los sueldos de los trabajadores de empresas públicas.
Miguel Reneses, portavoz de IU en sustitución de Gregorio Gordo, echó en cara a la presidenta que
no renegocie "ni los conciertos, ni los cánones, ni los peajes" con las empresas privadas a las que ha adjudicado infraestructuras y servicios públicos, pero en cambio sí meta la tijera "en el gasto social" y aproveche "para ampliar los efectos negativos" de la reforma laboral del Gobiernoo. Antero Ruiz añadió que mientras Aguirre pide a los trabajadores que se aprieten el cinturón, sigue permitiendo que haya "
viceconsejeros que cobran dos sueldos" y diputados como los imputados en el caso Gürtel que cobran
pese a acudir a la Cámara únicamente a votar. Por el PSOE, Fátima Peinado censuró a la consejera de Educación que vaya a "perpetrar", excusándose en el recorte, "el mayor ataque de la historia a la educación pública"
ahorrándose 40 millones de euros. La portavoz Maru Menéndez espetó a la presidenta ésta sólo ha cuidado "a esos pobres de pedir que, como usted,
viven en palacetes y cobran
sueldos millonarios" a través de "regalos fiscales" en forma de bajadas de impuestos.
Contratar por el Código Civil
La presidenta combatió las críticas respaldada por todo su Gobierno. Calificó de "lógico" que quienes tienen trabajo fijo hagan el esfuerzo de reducir los salarios, pero fue más allá al defender la reforma total del modelo de contratación actual frente a la reforma laboral del Estado: "No sería un disparate que se aplicara en la legislación laboral e artículo 1.255 del
Código Civil, que dice más o menos que las partes pueden
pactar entre sí todo aquello que no se viole la ley, la moral o el orden público". El consejero de Economía, Antonio Beteta, respondió a la oposición que, más que los trabajadores que se manifestaban en el exterior, le resonaban más en la cabeza "los cinco millones de parados que piden un empleo y piden un cambio" en toda España. La responsable de Educación, Lucía Figar, recordó que la Comunidad ha sido la que más ha apostado por la inversión con escuelas públicas y colegios. El consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, zanjó la cuestión calificando la huelga de Metro como "
insolidaria, salvaje y política".
Si (
No(
