Por
Pedro Fernández Vicente
miércoles 31 de marzo de 2010, 00:00h
Actualizado: 06/04/2010 22:08h
La delincuencia es el terror del pueblo, de las gentes que pasean, de quienes deciden relajarse en los parques de los barrios, más o menos periféricos, de aquellos que tienen la necesidad de sacar dinero de un cajero automático, de esos vecinos que dejan su casa sola durante unos días y, a la vuelta, se encuentran con la sorpresa de que alguien, desconocido, ha entrado y se ha llevado parte del patrimonio familiar, cosas de la historia de su vida. Una figura sin definir, que podría ser cualquiera con los que se cruza a diario y con malas intenciones, ha estado en su casa, husmeando, individuos que conocen su forma de vida…
La intranquilidad que produce esta situación tiene poca respuesta política. Los atracos, los robos callejeros, los intentos de violación o las agresiones caprichosas despiertan en las victimas inseguridad personal a la convivencia. La delincuencia, en general, produce incomodidad, desconfianza a millones de personas que se levantan por las mañanas para ir a trabajar, que pagan impuestos y quieren tener una seguridad que no detectan. Ciudadanos que se quejan en voz baja de que los delincuentes disfruten de una libertad, después de sus fechorías, de la que no dispone su víctima, que necesita tiempo, a veces demasiado, para recuperarse de un ataque de estas características.
Ha dicho Rubalcaba y la Delegada del Gobierno que la delincuencia en Madrid ha descendido, ¿en que barrios?; que se han desmontado 95 bandas organizadas, ¿cuántas quedan?; que se han eliminado 84 puntos negros de la droga, ¿cuántos nuevos se han creado? Han quedado algunos cabos sueltos, preguntas sin respuesta y algunas dudas sobre la necesidad de ampliar y mucho el número de jueces encargados de investigar y decidir sobre este tipo de delitos, que tanto afectan a los ciudadanos normales, a esos que no tienen cargos públicos, ni viven en grandes urbanizaciones, vigiladas y controladas por policías privadas.
Jueces que vigilen estrechamente los movimientos de jóvenes de dudosa conducta, pandillas, bandas de asaltantes y de robos en viviendas, y evitar que entren y salgan de los juzgados y de los calabozos con tanta facilidad como lo hacen. Los ciudadanos no entendemos muchas decisiones judiciales, algunas puestas en libertad que provocan una gran preocupación, eso sí, siempre silenciosa, porque el vecino común no dispone de un púlpito para decir todo lo que piensan. Y quizá eso es bueno, pero también lo es que los poderes públicos se acuerden de ellos con mas frecuencia y no solo en las campañas electorales.
La democracia no puede ser garante de la extorsión, no puede permitir que los delincuentes regateen a las leyes para vivir al margen de la justicia y sentirse fuertes frente a las normas, a la policía, a los jueces y quienes defienden a su familia y su libertad de elegir. La democracia tiene que fortalecer sus exigencias para evitar a los delincuentes y las mafias como también a quienes provocan un episodio de corrupción política. Nuestra libertad no puede ser invadida, ni por las autoridades, ni por los delincuentes.
Pedro Fernández Vicente