Los empleados de atención a la infancia, en pie de guerra

El responsable de CCOO en el IMMF, José Manuel Iñiguez, ha cifrado en 700 el número de personas que este mediodía se han concentrado frente a la sede de este organismo dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para protestar por la eliminación de programas y la precarización de las plantillas de los centros. La cifra fue rebajada a unos 200 por el departamento que dirige Engracia Hidalgo, una de cuyas portavoces indicó que ese número "coincide más o menos con el número de liberados sindicales del IMMF".

El portavoz de los trabajadores criticó que la Comunidad "se permita el lujo de no cumplir su propia Ley y de tomar decisiones arbitrarias que dan lugar a situaciones muy graves" que afectan al bienestar de los menores protegidos. Ejemplo de ello, dijo, es el que el II Plan de Atención a la Infancia terminó en el año 2006 y, a día de hoy, sigue sin elaborarse el tercero, pese a estar contemplado en la referida normativa.

"Vamos a la deriva, con cierres de exitosos programas, como el de Vida Independiente, sin ningún tipo de análisis técnico y con el único argumento de que ha cambiado el perfil de los menores", aseguró Iñiguez, que auguró la exclusión social de un número importante de menores protegidos. En la concentración, convocada por CCOO, UGT y CSIT-UP, han criticado, además, la "precarización" de las plantillas de los centros y, en consecuencia, de la calidad de los servicios que se prestan.

La secretaria de Políticas Sociales del Partido Socialista de Madrid (PSM) y concejala de la capital, Carmen Sánchez Carazo, se refirió al "desmantelamiento" del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y a la "falta de continuidad" en las políticas sociales de atención a los menores, quienes, ha recordado, requieren "atención y seguimiento".

Por su parte, fuentes de la Consejería reiteraron que el Programa de Vida Independiente se cerró por no resultar aconsejable la ubicación de los menores en pensiones, donde resulta más difícil educarlos y controlarlos. Añadieron que esta medida no ha supuesto pérdida de plazas para menores, ni de puestos de trabajo, ni ha sido una medida de ahorro "ya que una plaza residencial sale mucho más cara".