miércoles 14 de octubre de 2009, 00:00h
Actualizado: 20/10/2009 16:46h
A pesar de la diligencia con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid está gestionando las consecuencias que la instrucción del caso Gürtel ha tenido sobre el PP de Madrid, todavía hay quienes se empeñan en calificar de insuficientes las medidas adoptadas por Esperanza Aguirre.
Recordemos que meses antes del levantamiento parcial –todavía no lo conocemos en su totalidad- del secreto del sumario, la presidenta ya suspendió cautelarmente de militancia y apartó de sus cargos políticos y ejecutivos a todos los imputados madrileños.
Ahora, cuando conocemos la parte instruida por el juez Baltasar Garzón, Aguirre ha reclamado sus actas de diputado en la Asamblea de Madrid a Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. Ante su negativa a entregarlas, les ha solicitado también que abandonen el grupo parlamentario. Y ha ido más allá. Convencida de que su salida temporal de las filas del PP no podía de ninguna manera llevar consigo los beneficios económicos que implican la pertenencia al Grupo Mixto, ha decidido promover un cambio en el reglamento del Parlamento regional.
La creación de la figura del diputado no adscrito, cuya tramitación ha comenzado esta semana en la Asamblea de Madrid, persigue que aquellos parlamentarios que bien por decisión propia o de su grupo dejen de pertenecer al mismo tendrán consideración de diputados no adscritos durante el resto de la legislatura. Y, por tanto, tendrán sólo los derechos individuales que el propio reglamento les concede. De esta manera quedan en evidencia quienes se apresuraron a decir que el abandono de los Diputados del Grupo solo era una maniobra destinada a “premiarles” con todos los beneficios económicos y políticos que implicaría su eventual pertenencia al Grupo Mixto.
Curiosamente, los mismos que critican la insuficiencia de las medidas adoptadas por Aguirre son quienes han intentado poner trabas a que se agilice la aprobación de la Proposición de Ley presentada por el grupo Popular, votando en contra de aplicar el procedimiento de urgencia en la tramitación parlamentaria.
Con su actitud, cualquiera pensaría que les molesta que Esperanza Aguirre haya dado la cara, con una actuación implacable, rápida y firme. La autoridad moral de la presidenta queda, una vez más, fuera de duda y ha sido reconocida incluso por el secretario general de Juventudes Socialistas de España, Sergio Gutiérrez, quien en una rueda de prensa a finales de la semana pasada puso a la presidenta de la Comunidad de Madrid como ejemplo de “decencia democrática” por su decisión de expulsar a los tres diputados autonómicos del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
Cristina cifuentes es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y diputada autonómica por el PP