Menos populismo y más medidas sociales en la Cañada

La Cañada Real Galiana, parte de los más de cuatro mil kilómetros de vías pecuarias que transcurren por la Comunidad de Madrid, disfruta de la calificación de bien de dominio público, por tanto de una especial protección. Sin embargo, su situación de hecho, lejos de conservar los 75 metros de ancho que caracterizan a una cañada, respecto de cordeles 37,5 metros o veredas 20 metros, como consecuencia del abandono por completo de la trashumancia y la inexistencia de transito ganadero, ha ido reduciendo su ancho: a 37,5 metros en el tramo de Vallecas-Madrid; a 20 metros a su paso por Coslada; y a 14 metros en el tramo de Vicalvaro-Madrid.

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha anunciado con toda grandilocuencia y populismo una ley que, según dice, resolverá en términos definitivos el problema de la Cañada Real Galiana, pero el único objeto de la ley promovida se limita a desafectar los terrenos de la vía pecuaria, que pierden su condición de bien de dominio público y con ello su especial protección.

En este sentido, el Gobierno Regional no adquiere un solo compromiso previo, que se antoja necesario, de intervención en la vertiente social del problema, antes de legitimar cualquier negocio jurídico, aun estando atribuidas a la Administración Autonómica las competencias exclusivas en materia de servicios sociales. Así lo pone de manifiesto la memoria económica que acompaña al anteproyecto analizado por el Consejo Económico y Social de Madrid cuando concluye que la ley “no contempla coste ninguno para la Comunidad de Madrid”.

Por su parte, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid, con una única voz, recuerdan a la Comunidad de Madrid sus competencias exclusivas en materia de servicios sociales, han advertido que no aceptarán ninguna cesión o enajenación a su favor de los terrenos que ocupa la Cañada a su paso por cada uno de ellos y aun peor, denuncian que el proyecto que promueve Esperanza Aguirre, en su redacción actual, “permite premiar la ocupación ilegal de bienes de dominio público” y en su consecuencia, podríamos decir, doblega al estado de derecho.

La conclusión no puede ser más triste, el Gobierno de la Comunidad de Madrid llama cínicos e hipócritas a los Ayuntamientos, que a su vez acusan al primero de un agravamiento futuro del problema de aprobar la ley como está. Por consiguiente, el Anteproyecto de Ley, lejos de formar parte de la solución, se ha convertido en parte del problema, ya complejo de por sí, constatándose el fracaso del populismo practicado por el Gobierno Regional.

En opinión de la UGT de Madrid, la hoja de ruta de la solución debe tener como base una decidida política de unidad de acción o acción conjunta, a partir del consenso, colaboración y coordinación, de las Administraciones implicadas, tanto en la tramitación como en la aprobación y desarrollo de la ley, de tal manera que la desafectación de los terrenos no sea el punto de partida sino el de llegada.

Sobre esta base ineludible debería priorizarse, por un lado, la intervención social para la reinserción de las personas asentadas en la Cañada Real Galiana y su entorno, para acto seguido y por otro lado, abordar una planificación urbanística adecuada y rigurosa de la zona, de tal manera que, ambas cuestiones, supediten a su culminación cualquier negocio jurídico, y por último, ceder o enajenar los terrenos desafectados a favor de los Ayuntamientos. Sin olvidar que en la nueva calificación de los mismos, dado su origen, debiera prevalecer el interés público y social, y habilitar un trazado alternativo que asegure el mantenimiento de la integridad superficial y la idoneidad del itinerario de la Cañada. Lo dicta el sentido común y lo dice el marco normativo aplicable a las vías pecuarias.

Si no es así, desde UGT mucho nos tememos que con ley y sin consenso político y social no se resolverá el problema y sin la ley tampoco, pero, al menos, seguirán siendo terrenos de dominio público.

 

Juan Luis Martín Sierra es secretario de Políticas Sectoriales de la UGT de Madrid.