Ayuso trata de atajar la polémica con las nuevas condiciones del abono transporte: los estudiantes de regiones vecinas no necesitarán estar empadronados

Continúa la polémica ligada a las nuevas condiciones impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la obtención de la Tarjeta de Transporte Púlico Personal (TTP-personal), popularmente conocida como abono transporte personal. Mientras las fuerzas de la izquierda insisten en la retirada del nuevo requisito, el empadronamiento en algún municipio de la región, para poder acceder al recurso, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tratado de atajar las críticas con algunos matices hasta la fecha desconocidos.

En concreto, dando a conocer que, siguiendo el modelo de pactos alcanzados ya con algunas poblaciones limítrofes de Castilla-La Mancha y Catilla y León, el Ejecutivo promoverá acuerdos con comunidades vecinas para que los universitarios puedan disponer del abono joven -y los descuentos que este trae aparejado- pese a no estar empadronados formalmente.

"El servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo hay que pagarlo. Hay que seguir modernizándolo, ampliándolo y mejorando las nóminas de los trabajadores. No obstante, del mismo modo que tenemos convenio con otras regiones, como Castilla-La Mancha, vamos a promover otros acuerdos con el resto de regiones para que los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva", ha expuesto desde el desayuno informativo organizado este lunes por Nueva Economía Fórum y en el que la máxima mandataria actuó como telonera de su portavoz parlamentario, Carlos Díaz-Pache.

Y, a renglón seguido, la propia Ayuso justificaba la puesta en marcha de esta nueva exigencia en base a la legislación vigente: "A diferencia del Gobierno Central, en la Comunidad de Madrid aprobamos presupuestos, rendimos cuentas en cumplimiento del deber y somos respetuosos con la ley, el orden y el gasto público. Por este motivo, ahora que se han sorteado las limitaciones tecnológicas y hay ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, vamos a aplicar la Ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños".

Se trata, tal y como apostillaría minutos más tarde Díaz-Pache, de "dirigir las ayudas -en este caso las subvenciones al transporte público- a las personas para los que están pensadas -los madrileños-", siguiendo, por ejemplo, el sistema de descuentos en vuelos para residentes en las Islas Canarias.

Más allá, en lo que respecta a los estudiantes extranjeros, el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, ha matizado en otro acto celebrado esta misma matinal que se "tendrá que ir viendo cada singularidad específica" y, "sin ningún tipo de problema", el Ejecutivo estudiará asimismo la formalización de convenios con las universidades de procedencia.

Críticas de la izquierda

En paralelo, la principal fuerza de la oposición, Más Madrid, ha decidido elevar la cuestión ante la Asamblea al registrar dos iniciativas parlamentarias al hilo: una PNL y una pregunta en Pleno. Ambas encaminadas a la retirada del requisito de empadronamiento para la obtención del abono transporte personal al considerar, en palabras de su portavoz, Manuela Bergerot, que el Gobierno regional estaría "usando la burocracia para excluir, hacer la vida más difícil y perjudicar a personas de todos los orígenes". Entre ellos, los mencionados estudiantes, pero también los trabajadores que cada día se desplazan a la región o los migrantes que "encuentran trabas de todo tipo para empadronarse en la Comunidad de Madrid".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, ha tildado de "parche" la propuesta, que, al menos a su juicio, tan solo "rectifica parcialmente" y que bebe, para más inri, de una "premisa injusta". "Ayuso ha vuelto a tomar una decisión injusta. Ahora parece que la está rectificando parcialmente, pero parte de una premisa injusta y que además dista mucho de entender lo que es la realidad de la Comunidad de Madrid", ha aseverado.

En la misma línea de las formaciones progresistas, Renfe también ha mostrado su frontal rechazo frente a estas "injustificables" restricciones, que no han sido "comunicadas ni consensuadas", aprobadas, por tanto, "sin información ni consulta previa", dan lugar a "desigualdades y segregación". Por todo ello han reclamado la convocatoria de una reunión de la comisión de seguimiento junto al resto de entes con participación en el servicio.

En Vox, finalmente, son por el contrario partidarios de ir más allá y ampliar la medida para dar "prioridad nacional". "No solo hay que establecer el empadronamiento, sino que hay que establecer otros criterios, tal y como hemos reflejado en esos acuerdos de Gobierno -con el PP en otras comunidades autónomas-. Y es ahí donde tenemos que incidir. En esa prioridad nacional", ha sentenciado al respecto Isabel Pérez Moñino en el marco de la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea.