La ordenanza que regulará la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alcorcón ha recibido este jueves el visto bueno inicial en el Pleno municipal gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Candelaria Testa, después de un intenso enfrentamiento entre el Gobierno local y los grupos de la oposición sobre el alcance de las restricciones al tráfico.
La concejala de Transición Ecológica, Trinidad Castillo, defendió la propuesta asegurando que el diseño de la ZBE se basa en informes técnicos relacionados con movilidad, contaminación atmosférica y niveles de ruido. Además, insistió en que las limitaciones previstas tendrán un impacto reducido, ya que únicamente afectarán a vehículos sin distintivo ambiental cuyos propietarios no residan en la ciudad.
“Solamente afecta al 2,5% del parque circulante total. Por eso es una medida totalmente proporcionada”, afirmó Castillo durante su intervención.
Vox pide su retirada y PP la eliminará si gobierna
Desde Vox, su portavoz Pedro Moreno cargó duramente contra la iniciativa municipal, a la que calificó de “ingeniería social”, y sostuvo que perjudicará especialmente a trabajadores, autónomos y familias que disponen de vehículos antiguos. La formación reclamó la retirada íntegra de la ordenanza y rechazó cualquier posibilidad de reforma parcial.
El Partido Popular también mostró su rechazo al texto planteado por el Ejecutivo local. El concejal Luis Saceda argumentó que el modelo impulsado por el Gobierno municipal resulta excesivamente restrictivo y puede tener consecuencias negativas para el comercio y la movilidad vecinal. No obstante, reconoció que la normativa estatal obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar este tipo de zonas para no perder determinadas ayudas y financiación europea.
“Nosotros lo que pedimos es que se establezca con mesura y de forma proporcional”, señaló Saceda, quien añadió que, si la legislación cambia y el PP gobierna en el futuro, eliminarán la ZBE.
Los populares reclamaron además ampliar las excepciones para residentes, autónomos, trabajadores y usuarios de servicios públicos, así como aplazar la aplicación efectiva de las restricciones hasta el año 2030. Durante el debate, también acusaron al Ejecutivo de querer introducir en el futuro medidas de estacionamiento regulado.
La alernativa menos dañina
En respuesta, Castillo aseguró que la propuesta presentada es la alternativa “que menos daño puede hacer” a la ciudadanía tras estudiar diferentes opciones, y defendió que el modelo evita aplicar limitaciones más severas sobre los vecinos residentes.
La edil destacó igualmente que la ordenanza contempla múltiples excepciones para facilitar el acceso a personas procedentes de otros municipios que necesiten desplazarse a Alcorcón por motivos laborales, sanitarios o personales.
La alcaldesa cerró el debate acusando al PP de generar alarma entre la población mediante interpretaciones “falsas” sobre el contenido de la normativa. “El Partido Popular habla, confunde y miente”, afirmó Testa, quien negó que el texto incluya un sistema de estacionamiento regulado.
Además, avanzó que el Ayuntamiento mantendrá las líneas de ayudas ya existentes para fomentar la transición energética, tanto en instalaciones fotovoltaicas y sistemas de calefacción como en la compra de vehículos eléctricos.
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