La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido el archivo de la denuncia presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid sobre presuntas irregularidades en la gestión de hospitales públicos con concesión privada en la región.
La investigación se inició el pasado 5 de marzo de 2026 a raíz de una denuncia formulada por la portavoz socialista, Mar Espinar, quien alertó de posibles anomalías en la facturación entre centros hospitalarios públicos y hospitales de gestión privada.
De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia se sustentaba en una auditoría elaborada en 2022 sobre facturaciones correspondientes al ejercicio 2018 entre el Hospital de Villalba, gestionado de forma privada, y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Ese informe reflejaba que la mayoría de las liquidaciones remitidas por el hospital eran aceptadas, mientras que más de la mitad de las enviadas por el Sermas no obtenían validación para su cobro.
El Ministerio Público señala que las incidencias detectadas estarían vinculadas a deficiencias en la cumplimentación de historias clínicas por parte del personal sanitario, un requisito imprescindible para validar determinados pagos conforme al Manual de Facturación Intercentros.
La denuncia socialista también incluía referencias a una información periodística publicada el pasado 10 de febrero, en la que se aseguraba que la Comunidad de Madrid había dejado de reclamar más de 71 millones de euros a hospitales de gestión privada desde 2017.
No obstante, la Fiscalía considera que no existen indicios suficientes para mantener abierto el procedimiento. Entre sus argumentos, sostiene que la denuncia no concreta actuaciones de gestión que puedan derivar en responsabilidad contable ni aporta pruebas que acrediten un perjuicio económico efectivo para las arcas públicas.
Además, el escrito concluye que las acusaciones extrapolan las conclusiones de una auditoría concreta, referida a un único hospital y a un ejercicio determinado, al conjunto del modelo de hospitales de gestión privatizada, con el propósito de impulsar una fiscalización general que, a juicio de la Fiscalía, excede las competencias de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas.
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