El Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que decretaba el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas del municipio, solicitando también medidas cautelares.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado a Europa Press que están "a la espera de la resolución judicial".
El edificio del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Pozuelo fue cedido en 2022 por el Ministerio de Seguridad Social a Migraciones con el propósito de "atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania", han señalado.
"Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional o temporal y, hasta hace unos meses, no se había producido ningún problema con el Ayuntamiento", han defendido las fuentes del Ministerio de Elma Saiz.
El centro alberga a 125 personas, siendo prácticamente en su totalidad mujeres ucranianas que se encuentran bajo protección temporal, ya sea solas o acompañadas de sus hijos e hijas. Además, también hay mujeres de otras nacionalidades que cuentan con protección internacional, incluyendo latinas y afganas, junto a sus pequeños.
Carta al Ministerio desde el Consistorio
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha solicitado al Gobierno, a través de una carta, información acerca del estado del CREADE y ha declarado que empleará todos los recursos legales necesarios para lograr su cierre.
En una carta dirigida a la ministra Elma Saiz, a la que Europa Press ha tenido acceso, ha manifestado esta situación. Esto ocurre después de que el Ministerio llevara a cabo un evento por el Día del Migrante en este centro, a pesar de que el Ayuntamiento había declarado en septiembre su cierre definitivo, otorgando un plazo de cuatro meses para reubicar a las 400 personas que allí vivían, según informaron desde el Consistorio.
La ministra ha recibido críticas por parte de la alcaldesa, quien ha expresado su descontento por no haber sido invitada al evento que tuvo lugar en este centro del municipio. "Como hubiera sido lógico y deseable, ni tampoco decir nada respecto a la situación del centro", ha añadido la primera edil.
En la resolución que dictó el Ayuntamiento, se ordena la clausura de la actividad que se viene desarrollando en el centro "por no ajustarse a los correspondientes títulos habilitantes que pudieran ampararla". "Y, en su apartado séptimo, resuelve conceder un plazo de cuatro meses para llevar a cabo esa clausura. Dicho plazo vence el próximo 17 de enero de 2026. A día de hoy, por parte de su Ministerio, no ha recibido el Ayuntamiento ninguna notificación ni comunicación respecto a esta resolución, ni de planificación alguna realizada por el Ministerio para cumplir con la misma, ni de cualquier otra medida dirigida a garantizar su efectivo cumplimiento", le ha trasladado.
Asimismo, indica que no existe constancia de que el Ministerio haya pedido la obtención del título habilitante necesario para llevar a cabo la actividad y su operación, para lo cual el tercer apartado de la resolución establecía un plazo de quince días.
"Tampoco tenemos constancia de la interposición de recurso judicial alguno. Recurso que, caso de haberse producido, circunstancia que ignoro, tendría que haberse presentado dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución, es decir, antes del 17 de noviembre pasado. Sí que tenemos constancia, sin embargo, de que el centro sigue teniendo actividad", le ha expuesto en la misiva.
Tejero ha solicitado a la ministra que le proporcione información sobre las medidas que el Gobierno ha planeado para "en aras del principio de legalidad, garantizar el cumplimiento de la resolución dictada y cesar en el ejercicio de la actividad" que se lleva a cabo en el CREADE, "por no tener título habilitante para ello, ni haberlo solicitado, dentro del plazo fijado en dicha resolución".
"Lo único que le decimos al Gobierno de España es que les queda un mes para ejecutar este cierre y que además el Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar quieto y va a utilizar todas las herramientas y todos los cauces legales que tiene a su alcance para que esta orden de cierre se ejecute", ha señalado la alcaldesa en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
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