Ayuso reclama la "urgente" incorporación de 142 jueces para equipararse al resto de autonomías

Sirviéndose del acto de inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a reclamar al Gobierno central la necesaria incorporación de hasta 142 magistrados a la judicatura madrileña. Solo así, ha asegurado, sería posible paliar la "limitada" convocatoria de plazas por parte del Ministerio de Justicia en los últimos años y, en paralelo, evitar que se continúe "politizando" el acceso a esta carrera.

"La Comunidad de Madrid sufre una preocupante escasez de jueces y magistrados, consecuencia de la limitada convocatoria de plazas por parte del Ministerio de Justicia en estos años. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reclamado con urgencia la incorporación de 142 nuevos jueces para nuestra región. Pero esto no puede ser excusa para destruir ni politizar el acceso por oposiciones a la carrera judicial", ha aseverado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Los datos aportados en última instancia bien parecen refrendar el relato madrileño. Y es que, ha añadido a renglón seguido la propia Díaz Ayuso, "en estos momentos Madrid cuenta con 10,4 jueces por cada 100.000 habitantes". Una cifra "muy por debajo de la media nacional" y que "sitúa a nuestra comunidad en el puesto número 13 entre las autonomías".

Frente a lo preocupante de tal escenario, ha apostilla al respecto, los esfuerzos del Gobierno de la Comunidad se han centrado hasta la fecha en la incorporación de más funcionarios por juez, "con una ratio de 8,5" que contrasta con "los 7,7 de las siguientes comunidades autónomas con las que podríamos intentar aproximarnos".

Contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya en el horno de La Moncloa, ha sido otro de los grandes focos de crítica a cargo de la presidenta. Así, Ayuso no ha dudado en tildar la propuesta de "intento definitivo" por "minar la independencia judicial" y, en último término, "controlar la acción penal".

"Hoy el Gobierno de Sánchez va a aprobar el proyecto de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que es un giro de tuerca más en esa obsesión por ir minando la independencia judicial, por asaltar la justicia. La ya vieja propuesta de que instruya el fiscal es el intento definitivo de controlar la acción penal, puesto que los jueces son independientes e inamovibles, mientras que los fiscales están sujetos a jerarquía y su cúpula es elegida por el Gobierno. Si alguien hace años pudo dudar de buena fe de la conveniencia de esta reforma, ahora basta recordarle la imagen de nuestro fiscal general del Estado, procesado y que ni se plantea dimitir. De hecho, está redoblando estos días sus esfuerzos para controlar la carrera fiscal", ha argumentado.

Sin pelos en la lengua, este hecho es interpretado en Sol como un "peligro tremendo" para la separación de poderes y la calidad de la democracia española. Más aún en un contexto, aseguran, en el que las instituciones se encuentran "en manos de personas que han cometido graves delitos y que no respetan el Estado de Derecho -en clara alusión a Puigdemont y el resto de altos cargos en las fuerzas independentistas- (…). Están redactando las leyes, culminando los planes, poniendo a Bildu al mando, demoliendo las instituciones, como estamos viendo ahora con la Corona".

Se trata, en definitiva, de "la mayor ofensiva a la independencia judicial y fiscal en décadas, que supone de facto la deriva bolivariana de nuestra justicia".

Así es el nuevo Palacio de Justicia de Torrejón

El nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, inaugurado este mismo martes, cuenta con una superficie de hasta 14.576 metros cuadrados en tres plantas para agrupar los cinco juzgados de la ciudad en una misma sede. El objetivo, mejorar la atención a un total de 225.000 vecinos de 11 municipios del este: Ajalvir, Algete, Cobeña, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Paracuellos de Jarama, Ribatejada, Valdeolmos-Alalpardo y Valdetorres de Jarama. Y hacerlo, además, en un "espacio más cercano". Todo en pos de una "justicia más cercana, accesible y moderna para todos".

En concreto, el centro, ubicado en el número 188 de la Avenida de la Constitución, se alza sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados donde ya trabajan once jueces y magistrados y un total de 140 profesionales, con espacio de reserva de un 30 por ciento para una posible ampliación futura de la planta judicial. Dispone, además, de un servicio de guardia, oficina de asistencia a víctimas de delito (OAVD), Fiscalía, Forense, cámara Gesell (lugar adaptado para que los menores puedan declarar en un entorno seguro) decanato, espacios para procuradores y abogados, dependencias policiales y otras estancias auxiliares. La inversión regional a tal fin ha sido de 19,5 millones de euros.