Más Madrid reclama a la Asamblea auditar los costes de los viajes institucionales de la presidenta

Nueva York, Whashington, Polonia, Chile, México, Corea, Perú, Londres, Ecuador, Miami y, ahora, Texas. Con Isabel Díaz Ayuso inmersa en plena visita institucional a Estados Unidos para conocer de primera mano los pormenores del Gran Premio de Fórmula 1 de Austin y replicar, a la postre, su modelo en la capital, la principal fuerza de la oposición en la Asamblea, Más Madrid, ha planteado la necesidad de auditar los costes asociados a los viajes oficiales de la presidenta. El objetivo último, entre otros aspectos, determinar su impacto económico real sobre las arcas públicas de la región.

Vía Proposición No de Ley (PNL), los de Manuela Bergerot consideran que el Gobierno de la Comunidad debe dar a conocer los objetivos y costes previstos en las múltiples travesías al extranjero protagonizadas hasta la fecha por la propia Ayuso, sus consejeros y otros altos cargos del Ejecutivo autonómico.

Más allá del informe previo, los progresistas reclaman también la elaboración de una "evaluación pública" que permita valorar a continuación "el grado de cumplimiento de tales objetivos", así como "los beneficios que ha obtenido la ciudadanía madrileña por la realización del viaje".

Por su parte, desde Sol justifican este tipo de visitas al extranjero en la necesidad seguir reforzando la marca Madrid. En la práctica, las relaciones -institucionales y empresariales- de la región con otros países, al tiempo que se favorece la llegada de inversiones y capital extranjero.

"Los motivos económicos han sido los argumentos más utilizados públicamente para defender la necesidad de pagar con dinero público estos viajes. Sin embargo, tales argumentos nunca se han podido constatar", lamentan, de vuelta, desde Más Madrid en el apartado de 'Exposición de Motivos' de la propuesta, que ha sido registrada de manera oficial en la Cámara este mismo lunes.

Y sentencian: "Toda vez que se han pedido informes previos por parte de la oposición democrática, el Gobierno ha contestado que la evaluación se hace a posteriori. Cuando se ha pedido evaluación posterior la respuesta ha sido que aún era pronto y cuando se ha pedido la información con más tiempo se ha negado la tramitación de la petición por ser objeto de otra legislatura".