Polémica por la ley universitaria: el borrador prevé multas que Ayuso desmiente

Polémica, como viene siendo habitual, desde primera hora de la mañana. La de este martes fruto de las filtraciones relativas al borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que prepara el Gobierno regional y cuyas últimas novedades han sido avanzadas por el diario El País. En concreto, en torno a un régimen sancionador inédito en el ámbito universitario madrileño, con multas que van desde los 300 hasta el millón de euros. El asunto, pese a que la normativa aún se encuentra en fase de negociación entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y los rectores de las seis universidades públicas de la región, ha despertado una importante inquietud en los distintos sectores académicos y estudiantiles.

Uno de los aspectos más controvertidos del texto es la inclusión de sanciones de entre 15.000 y 100.000 euros por realizar "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus". También se sancionará con la misma horquilla económica "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias".

En paralelo, se contemplan multas de entre 300 y 15.000 euros por "colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados", en lo que los sectores más críticos interpretan como un intento por reforzar el control institucional sobre la expresión pública en los espacios universitarios.

Las sanciones más severas, en cualquier caso, se reservan para los supuestos considerados como infracciones "muy graves". Entre ellos, se establece que no garantizar la pluralidad o la libertad de expresión y de cátedra, ya sea por acción u omisión, podrá conllevar multas de entre 100.000 y un millón de euros. En este apartado, el borrador incluye actos como "ejercer o amparar cualquier forma de censura, discriminación o persecución por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición personal o social".

También se prevén sanciones igual de elevadas para quienes "impidan o dificulten la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario". Un punto que ha despertado especial preocupación en el ámbito por su posible impacto sobre la autonomía universitaria.

Pese a que desde la Consejería aseguran que el objetivo de la modificación normativa no es otro que "garantizar la convivencia, la neutralidad institucional y el respeto a la legalidad en el ámbito universitario", representantes estudiantiles e integrantes del profesorado advierten del riesgo que a sus ojos supone la reforma. Consideran, en síntesis, que se pretende "criminalizar la protesta" y recortar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la movilización pacífica.

A falta de su aprobación definitiva -el texto continúa en fase de revisión-, la última filtración, tildada por la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de "noticia falsa", ha reavivado el debate sobre los límites entre el orden público y los derechos fundamentales en la Universidad.

Niegan cambios en el régimen sancionador

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sostienen que la noticia publicada por El País ha “manipulado hasta la falsedad” el contenido del régimen sancionador incluido en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Y es que, mantienen, el régimen sancionador fue anunciado y debatido públicamente desde 2024, sin haber sufrido modificaciones desde entonces.

Fuentes del departamento que dirige Emilio Viciana argumentan asimismo que la norma no vulnera ninguna legislación estatal. Más bien todo lo contrario, al acomodarse a lo recogido en la Ley de Convivencia Universitaria aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez años atrás.

"Tenemos la misma preocupación que pueda tener el Gobierno central y que manifiesta en su ley de 2022. Igual que las leyes andaluza, gallega y también de Castilla y León. Todas ellas hacen referencia a este tipo de cuestiones. Nos limitamos a poner de manifiesto la necesidad de contar con un marco jurídico para poder establecer una serie de sanciones que ahora mismo no existen en el ámbito autonómico", ha justificado el propio Viciana durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

En cualquier caso, el titular cree que no tiene demasiado "sentido" valorar el futuro régimen sancionador hasta su publicación oficial: "Desconozco cuál es texto que tiene El País. Somos una administración seria y consideraremos oficial el borrador del texto una vez se haga publico para su fase de audiencia e información pública. Mientras tanto creo que no tiene sentido hacer ninguna valoración al respecto" pues "estamos en un momento de trabajo muy intenso dentro del Gobierno de la Comunidad, con las consejerías y, al mismo tiempo, con los rectores".

En un tono crítico, casi burlón, en la Consejería lamentan además que se haya dado tal relevancia a esta información “justo al día siguiente” de conocerse la entrada de la UCO en el domicilio del exministro José Luis Ábalos, la imputación del Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, y el pacto del presidente Sánchez con formaciones independentistas “para ir contra la universidad privada y controlar las universidades online”.

'Por la Pública' anuncia movilizaciones

Frente a lo que no dudan en tildar de "Ley que amenaza con astronómicas sanciones y con condenarnos al ostracismo por ejercer los derechos fundamentales de manifestación y protesta", en 'Por la Pública', colectivo que lideró las últimas protestas contra la "infrafinanciación" de las universidades públicas madrileñas, llaman "al conjunto de la sociedad" a "prepararse para escalar las movilizaciones" en caso de confirmarse finalmente el régimen sancionador de la discordia.

"Desde UCM x la Pública llamamos a todo el estudiantado y trabajadoras de las Universidades Públicas de Madrid, así como al conjunto de la sociedad, a prepararse para escalar las movilizaciones contra una Ley que convierte nuestra educación en un negocio y además nos criminaliza y ataca nuestras libertades básicas. La comunidad universitaria exige respeto a nuestra Autonomía, Financiación Digna y respeto al Derecho constitucional a la Educación pública. Nos estamos jugando nuestro futuro y nuestra libertad, este otoño vamos a parar esta Ley para conquistar la Universidad Pública que nos merecemos", exponen los responsables en un comunicado remitido a Madridiario.