Después de haber agotado la vía administrativa, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Comunidad ante la negativa del Gobierno regional a tramitar su solicitud para clasificar al municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado, conforme a lo estipulado en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el Derecho a la Vivienda. "La Comunidad de Madrid está impidiendo a la ciudadanía ripense acceder a sus derechos", ha denunciado Aída Castillejo, alcaldesa del municipio.
El 11 de diciembre, el Consistorio envió un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, solicitando a su Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que se adhiriera a la normativa vigente e iniciara el proceso para declarar al municipio como zona tensionada, pero la Comunidad de Madrid desestimó este requerimiento. Por esta razón, el equipo de gobierno local opina que se está vulnerando la "obligación de aplicar la ley y dejando en una situación de indefensión a la ciudadanía ripense".
Desde el Gobierno regional se ha destacado que, a pesar de su oposición a la Ley estatal de Vivienda, "la Comunidad de Madrid aplica en todos los artículos que son de carácter obligatorio". No obstante, las zonas tensionadas no entran en esta categoría, ya que su aplicación es potestativa, lo que significa que corresponde a las Comunidades Autónomas decidir si las implementan o no.
La regidora de Rivas ha argumentado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "no puede decidir qué leyes aplica y cuáles no". Ha señalado que "su inacción en materia de vivienda perjudica gravemente a las familias de Rivas, que tienen derecho a las medidas excepcionales contempladas en la ley estatal". Además, ha enfatizado que desde el Ayuntamiento se están realizando todos los esfuerzos posibles para asegurar el acceso a una vivienda digna, pero también exige que el Gobierno regional asuma su responsabilidad y ponga fin al boicot de soluciones destinadas a aliviar la situación del mercado del alquiler y proteger a la ciudadanía.
Desde el Consistorio recuerdan que el 25 de septiembre de 2024, Rivas presentó una solicitud formal para que el municipio fuera declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, argumentando que se ajustaba a los criterios establecidos en la Ley estatal de Vivienda. Según el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid se negó a iniciar el procedimiento, alegando que había impugnado la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional.
Según defiende el Ayuntamiento, la aplicación de la ley no se suspende con la presentación de un recurso, por lo que "sigue siendo de obligado cumplimiento, máxime cuando el propio Tribunal Constitucional ha rechazado ya la mayor parte de los recursos interpuestos sobre la Ley de Vivienda".
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha señalado que la decisión del Ayuntamiento de Rivas no es más que una estrategia política que persigue, "con evidente mala fe", hacer creer a la opinión pública "algo que no es", que la Comunidad se ha declarado en rebeldía contra la Ley de Vivienda estatal. "Evidentemente no es así, y tan solo es necesario leer la propia norma para entenderlo", han trasladado a Europa Press fuentes de la Consejería.
La Comunidad de Madrid se opone frontalmente a la ley al considerar que cuestiona el derecho a la propiedad privada, ataca la seguridad jurídica, genera incertidumbre y, en consecuencia, ahuyenta la inversión. "Y si no hay inversión, la actividad se para, el empleo se destruye, la oferta de vivienda se retrae y los precios se disparan porque si no hay oferta, los precios suben", han alegado para insistir en que se oponen a topar los precios "porque produce efectos negativos, como demuestran las experiencias fallidas que conocemos en lugares como San Francisco, Berlín, Escocia, Canadá, o incluso en la propia Cataluña, donde el precio fijo ha generado reducción de la oferta y aumento de los precios".
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