La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apreciado una "participación preeminente del fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz, "en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada" a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según consta en el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

La Guardia Civil señala a la Fiscalía General del Estado (FGE) como responsable de la filtración a la prensa de la denuncia presentada por el propio Ministerio Público contra González Amador. "En relación con esa denuncia es necesario destacar que, según se desprende de las conversaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp (...), será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado", afirma la UCO en el informe.

A partir del análisis de las comunicaciones intervenidas, los investigadores han llegado a la conclusión de que "desde las 21:59h, hora en la que el fiscal general del Estado recibe un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas" con acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa". Estas personas no solo están al tanto de que el Ministerio Público está preparando un "comunicado", sino también del "periodo temporal aproximado en el que éste se publicará".

Los agentes destacan que "estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en ésta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos".

Se señala que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación a la información publicada en prensa por el diario El Mundo".

Los investigadores afirman que la Fiscalía General elaboró esa nota de prensa "con los datos que se le aporta desde la Fiscalía Provincial, canalizando las órdenes a través de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y recibiendo, a su vez, la información a través de la misma".

La UCO, en su informe, sostiene que "quien filtra la información tiene conocimiento en el momento de realizarla de que, a pesar de que la nota está siendo elaborada por la Fiscalía General, el cauce a través del cual se hará pública será la Fiscalía de Madrid".

Los agentes llegan a la conclusión de que "hay una o varias personas en la Fiscalía General que están brindando apoyo al fiscal general en las tareas vinculadas con la redacción de la nota de prensa, las cuales no pueden ser identificadas con la información disponible en este momento".

Con la participación destacada del fiscal general del Estado en los acontecimientos que llevaron a la filtración objeto de investigación, la UCO solicita al juez autorización para acceder a la información que fue incautada durante el registro del despacho de García Ortiz, realizado el 30 de octubre. Este lunes, el instructor Ángel Hurtado ha dado su aprobación a la solicitud de los investigadores.

Documentos aportados por el fiscal Julián Salto

El juez ha proporcionado a los agentes de la UCO varios "elementos aportados al procedimiento" por Julián Salto, el fiscal de delitos económicos de Madrid, a cargo de la investigación por presunto fraude fiscal que se dirige contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Específicamente, se menciona una "copia de ocho correos, cuatro de ellos anteriores al 8 de marzo y otros cuatro posteriores, que no es descartable que, a la vista del informe recibido, puedan guardar relación que sea útil de cara al esclarecimiento de los hechos".

A la espera de la elaboración de este segundo informe, el instructor ha decidido extender por un mes el secreto sobre el material que fue intervenido durante la entrada y registro en la oficina del fiscal general del Estado.