El Consejo de Ministros ha declarado un total de 176 territorios en 14 comunidades autónomas como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil. Estos lugares han experimentado eventos vinculados a fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y diversas catástrofes entre el 27 de febrero y el 14 de septiembre. Entre los incidentes destacados se encuentran varios incendios forestales en la Comunidad de Madrid y la ola de calor que tuvo lugar a mediados de julio.
La declaración de áreas impactadas por emergencias de Protección Civil en la Comunidad de Madrid se refiere al incendio forestal que tuvo lugar el 14 de julio en San Martín de la Vega. También abarca la ola de calor que comenzó al día siguiente, así como los incendios forestales ocurridos en El Molar el 1 y el 5 de agosto, y el incendio que empezó en Tres Cantos el 22 de agosto. Estas zonas podrá aprovecharse de las ayudas establecidas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
Entre las ayudas que corresponden a los damnificados por estas catástrofes figuran las destinadas a fallecimientos o a casos de incapacidad absoluta y permanente, que ascienden a 18.000 euros; para particulares afectos por la destrucción o daños en enseres de primera necesidad, con un coste máximo de 2.580 euros; por destrucción total de la vivienda habitual, cuyo importe cubre los daños hasta un límite de 15.120 euros; para reparar los daños estructurales de la vivienda habitual, que cubren el 50% del coste, con un máximo de 10.320 euros; y para cubrir daños generales en la vivienda habitual, que también financian el 50% del coste, hasta un límite de 5.160 euros; por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios, con un porcentaje del 50% y un límite máximo de 9.224 euros; a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones de bienes y servicios, cubriendo el total de los gastos incurridos; para titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, abarcando también los sectores agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos, con un tope de 9.224 euros; y las destinadas a corporaciones locales para cubrir gastos derivados de actuaciones inaplazables oscilan entre el 50% y el 100%, dependiendo del caso.
Marlaska ha indicado que el Ministerio del Interior analizará la posibilidad de implementar otras medidas, incluyendo la exención de tasas del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico para la obtención de duplicados de permisos de circulación y la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, ha mencionado que otros ministerios evaluarán la opción de crear diferentes tipos de ayudas, como beneficios fiscales en relación con los impuestos sobre bienes inmuebles o actividades económicas. Como es habitual, estas ayudas no estarán sujetas al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
El ministro ha señalado que será posible establecer medidas laborales y bonificaciones en las contribuciones a la seguridad social. En relación con las ayudas destinadas a las corporaciones locales para la reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales afectados, Marlaska ha aclarado que, si es necesario, estas obras podrán ser contratadas mediante el procedimiento de emergencia.
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