La Ley de Medidas Urgentes aprobada en julio por la Asamblea de Madrid con los votos del Partido Popular no sólo puso en pie de guerra a los agentes forestales. La norma incluía otras medidas que también fueron criticadas por la oposición y distintas instituciones sociales, sobre todo el límite de cuatro alturas para los edificios de viviendas.
Durante el Pleno de la Asamblea en el que se aprobó la Ley de Modernización de la Administración y del Gobierno de la Comunidad, el diputado Modesto Molla, del PSOE, aseguró que la norma "sirve para aumentar la libertad del Gobierno regional a la hora de firmar acuerdos con quien quiera, para nombrar altos cargos, para tener más poder en Caja Madrid, para aumentar las retribuciones de los directores generales, para que aquellos que tengan una propiedad privada puedan vertir escombros o aguas residuales o para incumplir la normativa de caza y pesca".
Sin embargo, aparte de este último asunto, que incumbe a situación de los agentes forestales, el tema que más polémica levantó fue el de la limitación a tres alturas más ático en la construcción de edificios, así como otras iniciativas urbanísticas de la norma en materia de urbanismo.
La medida afectaría sólo a aquellos municipios -unos 80- que no contaban con un Plan General de Ordenación Urbano o tenían previsto modificarlo tras la entrada en vigor de la ley; y recoge que puedan darse excepciones.
Chacón y Narbona
La primera reacción al establecimiento de un máximo de alturas llegó del Ministerio de Vivienda. Chacón lo calificó de "atentado contra el medio ambiente" y aseguró que era "cuando menos extravagante, más aún para una política que se supone liberal", al tiempo que dijo que suponía un retroceso".
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, desacreditó las palabras de la ministra argumentando que dirige un "ministerio florero" y la acusó de practicar un "cinismo neoyuppie" y de querer que los madrileños vivan en "colmenas".
A continuación, Narbona, como ministra de Medio Ambiente apoyó las declaraciones de Chacón que calificaban la medida como "atentado" medioambiental. Explicó que “cuanto menos altura más se utiliza el coche y más suelo se consume”. “Creo que Esperanza Aguirre ha querido convertir en una panacea lo de las tres alturas. Pero mucho depende de que haya en torno a esas tres plantas. Si no hay servicios médicos, educativos, sociales… la ciudad pierde calidad”, afirmó la ministra.
Más críticas
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid también se pronunció sobre la limitación a cuatro alturas. La decana dijo que "va a tener dificultades en su aplicación" y "dará lugar a numerosas excepciones", ya que "no se puede imponer" un modelo igual a las diferentes tipologías de municipios de la región.
Además, explicó que la limitación a cuatro alturas "sigue un modelo de crecimiento residencial anglosajón, que no se adapta a nuestro modelo latino", pues aquí se prefieren más alturas para tener más espacios comunes, mientras los anglosajones prefieren extenderse más en el territorio y menos zonas para la comunidad. "Con esta ley", añadió, "habrá menos espacios para dotaciones y se encarecerá un poco el coste".
También los consumidores dieron su opinión al respecto. Así, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) consideró que limitar las construcciones a cuatro alturas fue un gran error y que "puede que sirva para algunos municipios, pero en ningún caso como medida de carácter general".
Precisamente algunos municipios criticaron la limitación de alturas. En concreto, varias alcaldes socialistas del entorno de la capital, como los de Leganés y Fuenlabrada. Éste aseguró que el establecimiento de cuatro alturas para las edificaciones "elevará el precio de la vivienda protegida en la región".
En este sentido, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid apuntó que la limitación del máximo de alturas sin referirse simultáneamente a la intensidad del uso, al número de viviendas por hectárea o de oficinas, al coeficiente de edificabilidad, al porcentaje de ocupación del suelo, a la ordenación urbanística del ámbito parece una "frivolidad". "La medida no sólo no contribuye a un urbanismo más humano, sino que es una medida contraria al objetivo de hacer un urbanismo sostenible", apuntó la federación.
Las razones de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, explicó los objetivos de esta limitación en las alturas de los edificios. "En la Ley de modernización lo que decimos es que no queremos un urbanismo de los años 80 con torres y colmenas donde vivan los ciudadanos, sino que queremos un urbanismo más humano donde las familias madrileñas puedan vivir entrando el sol por sus ventanas, teniendo garantía de zonas verdes, parques y jardines, sin vivir en torres en medio de los páramos como al parecer otros urbanismos socialistas sí han querido", manifestó.
Por su parte, el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, aseguró que la Ley de Medidas Urgentes situaría a la Comunidad de Madrid "en el liderazgo de la transparencia" en cuanto a materia urbanística porque la nueva normativa otorga potestad a la Comunidad de Madrid para asumir las competencias urbanísticas de aquellos municipios que incumplan gravemente la ley.
El urbanismo a partir de ahora va a ser "mucho más abierto y humano", en palabras de González. Respecto a las críticas vertidas sobre la limitación de las alturas de los edificios el vicepresidente primero regional se mostró bastante sorprendido ya que "en los últimos diez años el 91,5 por ciento de los edificios construidos en la Comunidad de Madrid tienen menos de cuatro alturas".
Por ello, dijo no entender que hasta ahora esta medida no se hubiese puesto en cuestión. "Por qué ahora es malo y en estos diez años no", se ha preguntado González. Asimismo, el vicepresidente primero regional también destacó que la Ley de Medidas Urgentes "no limita ninguna competencia de nadie".
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