Han pasado 79 años del final de la Guerra Civil y 42 de la muerte de Franco y este país aún se halla discutiendo qué postura adoptar ante una dictadura como fue el franquismo. Esta semana los técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja han entrado por fin para ver cómo se encuentra el osario de la cripta de la basílica del Valle de los Caídos con objeto de proceder a la exhumación y traslado de cuatro cuerpos que fueron llevados allí sin permiso de sus familiares.
La entrada de los técnicos se produce dos años después de que un Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial ordenara la exhumación. Los medios de comunicación han calificado la entrada de los técnicos de histórica tras la numantina resistencia del abad, pero es muy pronto para cantar victoria.
Si durante dos años los familiares han topado con la Iglesia ahora tendrán que hacerlo con la burocracia. Patrimonio Nacional calcula que el informe de los técnicos no estará hasta mayo; en él se fijarán las obras que haya que hacer para poder acceder a la cripta, En el caso de que al acceder al piso tercero de la cripta los restos que se buscan estén mezclados con los de otros cuerpos, como es altamente probable, deberá interponerse una demanda ante los tribunales para que se pronuncien por si hay derechos de terceros afectados en cuyo caso habrá que comunicarlo a los posibles familiares mediante edictos en aquellos lugares de donde los cuerpos fueron exhumados para llevarlos a la basílica de Cualgamuros. Es decir, que si se lo proponen, aún puede pasar tiempo hasta que realmente sea un día histórico.
La entrada de los técnicos coincide con la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha revocado las medidas cautelares que impedían el cambio de nombre de 52 calles con denominación franquista, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 4 de mayo del año pasado a propuesta del Comisionado de la Memoria Histórica. Las medidas cautelares fueron impuestas por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en respuesta al recurso presentado por la Fundación Francisco Franco que parece haber decidido que la mejor defensa del dictador y de su obra es un buen ataque. El problema es que cabe recurso de casación ante el Supremo lo que hace temer que esta medida puede verse frenada también unos cuantos años.
En estas circunstancias la Ley de Memoria Histórica, que fue aprobada en 2007 bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que no ha contado con presupuesto alguno bajo el presidido por Rajoy, sigue siendo papel mojado para vergüenza de una parte de esta sociedad que sigue sin comprender el derecho de las víctimas a recuperar los cuerpos de sus familiares desaparecidos y a que se borren de las calles, plazas y edificios las lápidas, monumentos y cartelería dedicada a quienes protagonizaron un golpe de Estado sangriento. ¿Cuándo se darán cuenta nuestros dirigentes que para olvidar es necesaria dejar manifiestamente claro lo que se quiere olvidar y reparar el mal causado?
Si (
No(
