El plan de acción en zonas vulnerables de la capital llegará en el primer trimestre de 2016

El proyecto, en el que trabajan de forma coordinada las áreas de Coordinación Territorial y Desarrollo Urbano, y las juntas de distrito, pretende hacer un diagnóstico, que estará preparado dentro de un máximo de seis meses, de la situación urbanística y social de los barrios de la ciudad para realizar una actuación integral que recupere los déficits urbanos de cada zona, desde la situación arquitectónica, hasta la social, la medioambiental o la de equipamientos.

Según Guillermo Zapata, concejal presidente de Fuencarral- El Pardo y Villaverde, y coordinador del proyecto piloto de este plan, realizado para la Colonia Experimental de Villaverde, el Consistorio va a utilizar para dicho diagnóstico las enmiendas del tejido asociativo al malogrado proyecto de Plan General de Ordenación Urbana desarrollado por el equipo de Gobierno de Ana Botella, al que se añadirán los resultados de una encuesta realizada a todos los responsables municipales sobre los marcadores urbanísticos, arquitectónicos, sociales, económicos, medioambientales y de otra índole de cada distrito. Además, se hará un análisis de los barrios según la edad de la población para saber las necesidades inherentes a cada zona de la ciudad en materia de equipamientos y servicios. Por último, cada junta de distrito está trabajando en un plan de Gobierno que servirá como una hoja de ruta de los trabajos de los concejales, en el que se incluirá una fase diagnóstico de los problemas de los barrios de Madrid. Todo ese material se contrastará con los vecinos y el tejido asociativo, y se combinará con el trabajo de las áreas de Gobierno para, finalmente decidir las acciones necesarias a realizar.

El edil asegura que, en cualquier caso, las decisiones no podrán comenzar a tomarse hasta bien entrado 2016. Para entonces, el Ejecutivo municipal debería haber dispuesto una primera partida presupuestaria para estas inversiones que, según las estimaciones que hizo el propio Zapata en el Pleno del mes de septiembre, alcanzaría los 30 millones de euros.