El estudio sobre un posible cambio en el modelo de gestión de la infraestructura podría suponer "proceder, mediante la correspondiente licitación pública, a la gestión indirecta del Palacio de Congresos de Madrid". Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso, ha registrado una nueva pregunta parlamentaria para saber si ya se ha tomado una decisión sobre este asunto, qué características tendrá la oferta pública de la gestión, cómo se garantizarán los derechos de los trabajadores y si la licitación incluirá la "externalización de los costes de la reparación" del edificio. En este sentido, también quiere saber en qué estado se encuentran las obras.
A finales de 2012, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid tuvo que cerrar sus puertas para subsanar algunas "deficiencias" en materia de autoprotección y seguridad. Además, tal y como señala el Gobierno, la actualización del Plan de Autoprotección del Palacio también reveló la necesidad de mejorar el sistema de control de humos, modificar las barandillas, asignar zonas de refugio a las personas con movilidad reducida, adaptar totalmente la caja escénica y las filas de butacas del auditorio, construir el sistema de balizamiento de la escalera, recolocar los grupos electrógenos, sustituir los generadores de calor y las canalizaciones de aire o reformar el cableado eléctrico al completo, entre otras.
A pesar de que en un primer momento se calculó que las obras estarían terminadas el 31 de enero de 2013 y que el cierre duraría unos tres meses, la petición de más documentación por parte de la Junta de Tetuán obligó a prorrogar la medida, que en octubre de 2013 se convirtió en indefinida. El Gobierno asegura que las inversiones realizadas durante los últimos años permiten que las exigencias en materia de ascensores y de media tensión "cumplan con la normativa vigente". Sin embargo, "debido a la estructura del edificio, no es fácil el cumplimiento sin más de los requisitos contenidos en los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación", por lo que es necesaria una "rehabilitación integral".
"Como consecuencia, es necesaria una cuantiosa inversión para producir esa adaptación de un edificio diseñado con otros requerimientos a las condiciones actuales exigidas por la normativa. Por tanto, no se trata de obras que supongan un coste mínimo, sino de una cuantiosa inversión que, en estos momentos, no es posible abordar", admite el Ejecutivo.
También señala que "se están estudiando las diferentes posibilidades para la recuperación de la actividad de congresos en el Palacio con la voluntad de que esto se lleve a cabo en el menor plazo posible", un análisis que, en relación con las respuestas más recientes sobre este asunto, apuntan a una posible privatización de la gestión de las instalaciones.
En paralelo, se ha iniciado un procedimiento de concesión de servicio público para la explotación de las infraestructuras, lo que a juicio de los sindicatos y del PSOE abre la puerta a su privatización para ahorrar costes.
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