La FAPA ultima una demanda contra el cierre de centros educativos

En un comunicado, la FAPA ha explicado que la actuación de Figar, que "pretende cerrar varios centros educativos públicos utilizando eufemismos como 'integraciones' o 'fusiones'", podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y ultima una demanda en ese sentido ante las instancias judiciales oportunas.

La FAPA ha mantenido diversas reuniones con las asociaciones de los centros educativos afectados, a las que hace meses se les comunicó, según la organización, que los centros "serían cerrados con independencia de la opinión de sus comunidades educativas". Por eso, ha recogido la petición de éstas en el sentido de "luchar" contra los "abusos" de los responsables políticos de la Comunidad de Madrid.

Por eso, ha insistido en que llevará a Figar ante los tribunales por "vulnerar de forma consciente", a juicio de la FAPA y de las asociaciones de los centros afectados, tanto la legislación emitida por la consejería y firmada por la propia consejera "como las sentencias que ha recibido la Administración educativa madrileña en su contra en los últimos años por sus reiterados desmanes".

Las comunidades educativas afectadas y la FAPA han empezado una campaña de recogida de fondos para financiar estas actuaciones judiciales, "algo que no sería necesario si la consejera de Educación se sometiera al Estado de Derecho y no atacara a la escuela pública por el simple hecho de ser pública".