Un juez abre diligencias contra 27 personas por el escrache a Sáenz de Santamaría

En un auto fechado el pasado 12 de abril, el magistrado acuerda incoar diligencias previas al estimar la posible existencia de un delito de coacciones, amenazas y manifestación ilegal durante el acto de protesta, pese a que éste transcurrió de manera totalmente pacífica.

Los participantes en este escrache mantuvieron una actitud respetuosa y pacífica -no se escuchó ningún tipo de amenaza o insulto- que no perdieron ni siquiera en los momentos en los que la Policía identificó aleatoriamente a muchos de ellos una vez se había disuelto la concentración. Entre los identificados se encontraban ancianos y menores que ni siquiera habían participado en la protesta. En algunos casos la Policía practicó retenciones violentas: empujones, agarrones... que no alteraron la actitud pacífica de los manifestantes. Incluso, destrozaron la cámara de vídeo de un periodista que se encontraba cubriendo la protesta. 

Además, el juez considera a Jorge Verstrynge una de los cabecillas de la concentración ilegal, pese a que el ex político y profesor universitario ha afirmado no pertenecer a la Plataforma de Afectados por la Hipóteca (PAH).

Las diligencias se abren después de que el pasado 8 de abril entrara en el decanato de los Juzgados ordinarios el atestado policial de la Brigada Provincial de Información. El atestado se unió el 9 de abril a una denuncia presentada por los citados hechos, que recayó en el Juzgado número 4 de Instrucción.

En los fundamentos de derecho, el juez relata que en la manifestación se congregaron cerca de unas 300 personas enfrente del domicilio de la vicepresidenta, lo que a su juicio podría incurrir en los citados delitos.  Según el juez, la naturaleza y circunstancias de tales hechos denominados escraches no están determinados, "pero sí las personas que en ellos han intervenido".

Por ello, entiende que procede conforme a los artículos 757 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Procesal abrir las citadas diligencias en aras a investigar lo sucedido y si el denominado escrache en la vivienda de Saenz de Santamaría "puede ser considerado delito de coacciones dada la poca información facilitada en el atestado policial".

En la parte dispositiva, el juez señala que se ofrezca a Santamaría la posibilidad de personarse en la causa y solicita a la Brigada de Información de l Jefatura Superior de la Policía varios datos.